HUBO un encuentro entre autoridades del Triángulo Norte con sus pares mexicanos, para platicar sobre aspectos migratorios, frente a la amenaza que se estarían organizando nuevas caravanas de peregrinos. Las conclusiones de la reunión fueron objeto de un comunicado. Está bien que se hagan todas las advertencias sobre los riesgos que enfrentan los viajeros. Que les repitan hasta la saciedad lo que han dicho en ocasiones anteriores las autoridades norteamericanas. Ello es que “pierden el tiempo y dinero” y se exponen a peligros innecesariamente, porque no van a llegar a su destino final. Y si llegan a la frontera, la guardia mexicana, colaborando con los estadounidenses, no los van a dejar pasar. Bueno que repitan que sancionarán severamente a los coyotes –bien podrían, además, dar una lista de los que ya hayan capturado– que se aprovechan de la necesidad de gente inocente y de familias en apuros. Que alerten sobre la práctica indebida –según lee el texto del comunicado– de utilizar niños “como escudos”.
Perfecto que aborden el tema de los derechos humanos que asisten a los que emprenden esos periplos imposibles, pero que no sean solo texto retobado de palabras bonitas colocadas en el papel. No es buen trato el que reciben los marchantes durante su ardua travesía por los países en tránsito. Todo lo contrario. La tal política de solidaridad, de hermandad con los vecinos del sur y de respeto a los derechos humanos, expuesta al inicio del gobierno de López Obrador, quedó en retórica. Papel mojado. No solo desplegó unos 50 mil guardias nacionales para atajarlos y regresarlos, sino que convino prestar el territorio mexicano como “tercer país seguro”, cuando Trump lo amenazó con sanciones arancelarias.
Los que cruzan la frontera norte tienen que regresar y esperar en México. Allí aguardan, hacinados en deplorables refugios, mientras los jueces resuelven su solicitud de asilo. A raíz de los “tratados de cooperación de asilo” suscritos entre Washington y los gobiernos del Triángulo Norte, la ruta que emprende esta gente desesperada es un calvario. Informan en el comunicado que “autoridades de seguridad y migración de Honduras, Guatemala y El Salvador, trabajarán de forma conjunta –con los mexicanos– para conformar una estrategia, con el fin de disuadir una posible caravana de migrantes” prevista para desplazarse en los próximos días. Ah, y que “es relevante contar con el acompañamiento, apoyo y cooperación técnica y financiera de las agencias especializadas del Sistema de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)”.
Nada pierden con redoblar esfuerzos por disuadir. Aunque el disuasivo más poderoso –de todas esas siglas citadas allí, pero más aún, de los bancos de financiamiento internacional cuya respuesta a esta crisis sanitaria que desploma las economías, ha sido lenta, insuficiente y deplorable– sería dar una respuesta enfática a la raíz de los masivos flujos migratorios. Nos referimos a los factores de paupérrimas condiciones de vida que conspiran contra la subsistencia; la inseguridad, la falta de trabajo y de oportunidades, en los lugares de origen. El disuasivo sería que el gobierno mexicano –no solo con migajas para taparle el ojo al macho– impulsara su pregonado plan integral de desarrollo regional. Para atacar las causas del problema migratorio. O quizás ahora que Biden llega a la Casa Blanca, quiera poner en marcha aquel Plan de Alianza para la Prosperidad, ofrecido en la última administración de los demócratas. Mientras ello no ocurra, deben de ingeniarse localmente en la pronta reactivación de las empresas moribundas. No son pocos los compatriotas que han quedado en la calle consecuencia de los golpes de la pandemia y de los siniestros naturales. Dar trabajo y generar fuentes de empleo es el mejor disuasivo.
