Los presidentes denunciaron que en la nueva Ley Electoral se quiere prohibir las alianzas de partidos políticos.
Los presidentes del Partido Liberal, Pinu-SD, Alianza Patriótica y el Partido Salvador de Honduras, denunciaron que, en la nueva Ley Electoral programada para aprobarse a partir de este jueves, en el Congreso Nacional, se quiere prohibir las alianzas de partidos políticos.
También, se denunció que en la nueva normativa que regulará a las organizaciones políticas se pretende aprobar que los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) tengan voz y voto, para que puedan validar la reelección.
En un comunicado dieron a conocer “que lo que pretenden aprobar en el Congreso Nacional, no contemplan las verdaderas reformas que necesita la democracia hondureña y que fueron solicitadas por la oposición en tiempo y forma ante las distintas instancias que figuraron y figuran sin agregar ningún valor real a la legislación electoral, como medio para resolver la crisis democrática e institucional que nos ha sido impuesta”.
“Las supuestas reformas no contemplan la segunda vuelta para el nivel presidencial; no expulsan la reelección presidencial como lo exigen los artículos pétreos constitucionales”.
“Impiden la participación de los hondureños en el extranjero al exigir nuevos requisitos de imposible cumplimiento; impiden la realización de alianzas electorales cuando el partido político ha participado en elecciones internas, eliminando la posibilidad de alianzas entre el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras, el Partido Pinu-SD, el Partido Alianza Patriótica y cualquier otro que se presente a la contienda electoral, que ha sido permanentemente reclamada por el pueblo hondureño”.
“Monopolizan el control de las mesas electorales por los partidos Nacional, Liberal y Libre, impidiendo que los demás partidos políticos legalmente inscritos, entre ellos Partido Salvador de Honduras, el Partido Pinu-SD y el Partido Alianza Patriótica con idénticos derechos constitucionales, cuenten con representantes en todas las mesas para asegurar que los escrutinios y las actas electorales reflejen fielmente la voluntad del pueblo”.
“Cada partido tiene derecho a participar en igualdad de condiciones y de impedírselo, pone en precario la legalidad del proceso y la aceptación de resultados electorales”.
