Por: Edmundo Orellana
El problema del gobernante con la justicia gringa es estrictamente personal. Sin embargo, enfrentarlo sin despojarse de su investidura de Jefe de Estado lo convierte en un problema de Estado porque compromete a la nación hondureña.
El problema, además, es grave. Porque oficialmente ha sido involucrado en actividades de trasiego de drogas en un tribunal extranjero. No se trata de cualquier tribunal ni de cualquier país. Es un tribunal federal de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo pese a los esfuerzos del orate de Trump para convertirlo, según Bush, en “república bananera”.
Su problema, entonces, consiste en que la fiscalía federal gringa no solo lo vincula oficialmente con el crimen organizado, sino que, también, lo considera parte de una conspiración que atenta contra la seguridad de ese país. Para los fiscales federales gringos el gobernante hondureño es, pues, enemigo de los Estados Unidos.
Todo resulta de declaraciones de un narco enjuiciado en cortes gringas, quien declaró que el gobernante lo apoyó, prevaliéndose de su investidura de Jefe de Estado, poniendo a su disposición recursos e institucionalidad hondureña para el transporte de droga hacia Estados Unidos. Involucra al gobernante y a otros altos funcionarios del Estado, incluso militares. La sospecha de los gringos, siendo que son altos funcionarios los mencionados, es que el gobierno hondureño conspiró contra la seguridad de Estados Unidos.
No es la primera vez que señalan al gobernante. Pero en esta ocasión, es oficial. Probablemente sea el primer caso de este tipo en la historia del narcotráfico. Los señalados ya tienen asegurado un capítulo especial en la historia mundial del crimen, aunque resulten inocentes, porque la noticia fue difundida por todos los medios y en todo el mundo. Y cuando una acusación de este tipo circula en los medios, especialmente en Internet, queda para siempre, aunque sea calumniosa.
De los altos funcionarios del Estado señalados por el narco quien se encuentra en situación más comprometida es el gobernante, puesto que es el único cuyas funciones trascienden el territorio nacional porque, en su condición de Jefe de Estado, preside las relaciones del Estado hondureño en el sistema internacional, es decir, nos representa ante los demás países y con los organismos multilaterales. Por consiguiente, los señalamientos contra él no pueden desvincularse del Estado y de la sociedad hondureña. La única manera de desvincularlos es que se despoje de su investidura de Jefe de Estado.
El gobernante y los altos funcionarios señalados se presumen inocentes mientras un tribunal no los declare culpables y tienen derecho a defenderse de esos graves señalamientos para despejar toda duda sobre ese asunto, demostrando a la justicia gringa la falsedad de esas declaraciones. Pero, especialmente en el caso del gobernante, debe hacerlo personalmente, sin escudarse en la investidura de Jefe de Estado, esto es, sin arrastrar consigo al Estado y a la sociedad hondureña.
SEÑOR GOBERNANTE:
Usted fue investido de la condición de Jefe de Estado cuando prometió en el Estadio Nacional, ante la representación popular y en ausencia del pueblo que supuestamente lo votó, “ser fiel a la República”. Con este juramento se comprometió a defender el honor de la República. Ha llegado el momento de defenderlo. Evite que los señalamientos en su contra estigmaticen al país, convirtiendo a los hondureños en súbditos de un supuesto narcoestado. Señor gobernante, honre su juramento, renuncie usted.
Mientras usted siga en el cargo, será considerado por Estados Unidos como sospechoso de conspirar contra su seguridad, es decir, enemigo de ese país y será visto con recelo por el resto de los países. Usted convierte su problema personal, mientras permanezca en el cargo, en un problema de Estado, involucrando a todos los hondureños. Y ningún hondureño debe sufrir las negativas consecuencias que se deriven de su problema personal. Mucho sufrió el país durante el 2020, no cause más desgracias. Mientras no se vaya usted del cargo, no se estabilizará el país, ni política, ni social ni económicamente; tampoco fluirá la cooperación internacional para los damnificados, porque los países amigos y los organismos multilaterales, seguramente, no se sentirán muy cómodos tratando con un gobierno cuyo Jefe ha sido involucrado con narcotraficantes por la justicia gringa. No condene al país a sufrimientos mayores.
¡RENUNCIE! Demuestre tener más entereza que los líderes de la oposición, más preocupados por las trampas que supuestamente contiene la nueva Ley Electoral que el daño que su permanencia en el cargo provoca al honor de la República. Para que cese la ofensa a la patria, animémoslo gritando sin cesar: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
