TSC entrega al MP informe sobre compra irregular de 130 ventiladores mecánicos

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó el jueves al Ministerio Público (MP), el informe especial número 001-2020-CEAC-GAE-COPECO-A, que contiene indicios de responsabilidad penal en compras y almacenamiento de 130 ventiladores mecánicos ejecutados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19.

Tras un análisis por parte de los auditores del TSC se encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, tipificando los delitos que correspondan, mismo que lo acompañó el oficio número 008-2021-SG-TSC dirigido al fiscal general de la República, Óscar Fernando Chinchilla, mediante el cual se oficializa la formal entrega del mismo, para los efectos legales correspondientes.

Entre los hallazgos de la investigación especial a las compras y su almacenamiento para afrontar la emergencia nacional por el COVID-19, comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por Copeco, con énfasis en la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, 90 ventiladores Trilogy Evo portables: incluye tubo, mascarilla y batería; y la adquisición de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías.

INCONSISTENCIAS EN LA COMPRA

Para la compra del equipo, el proveedor presentó ante Copeco facturas por el valor de $2,280,410.00 (unos 56.3 millones de lempiras al cambio en la fecha en que se realizaron las transferencias), incumpliendo las leyes, reglamentos, disposiciones de control interno y procedimientos administrativos establecidos, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe, perjuicios a la salud y la economía del país ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el COVID-19, afectó para que la misma no fuera atacada de manera adecuada.

El TSC encontró una serie de inconsistencias que constituyen responsabilidad penal en el proceso de compra y recepción de ventiladores mecánicos, baterías y equipo de asistencia para la tos.

De igual manera, logró constatar que Copeco, en el marco de la pandemia, realizó la compra de equipo de asistencia médica respiratoria, a la empresa denominada “International Medical Equipment, Inc”, la cual, según el expediente documental, cuenta con su sede de operaciones en la ciudad de New York, Estados Unidos de América.

Específicamente, en la primera factura, No. 14742, de fecha 9 de marzo de 2020, corresponde a la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, por un monto de 377,910 dólares; la segunda con No. 14745, del 12 de marzo de 2020, refiere a la adquisición de 90 ventiladores Trilogy Evo portables, incluyendo tubo, mascarilla y batería, por un valor de 904,590 dólares y la tercera No. 14748, del 16 de marzo 2020, corresponde a la compra de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías, por la suma de 997,910 dólares.

Luego de revisar la documentación soporte de la compra antes descrita se detectaron varias inconsistencias en el proceso de adquisición y recepción, entre ellas que no existe solicitud de parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que exprese la necesidad de realizar la compra de estos equipos médicos.

ATRIBUCIONES INDEBIDAS

Se determinó que las atribuciones fueron tomadas indebidamente por el Secretario de Estado en los Despachos de Copeco y la Dirección Administrativa y Financiera de dicha entidad, sin contar con la opinión de la Secretaría de Salud, contraviniendo la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

También, no se cumplió con algunos requisitos legales, técnicos y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de compra, para el caso no se verificó que la empresa era o no apta para contratar con el Estado de Honduras, no se solicitó la Declaración Jurada autenticada de la empresa extranjera de no tener inhabilidades, ni se constató que tuviera solvencia económica y capacidad financiera ya sea para fabricar o suministrar los equipos médicos adquiridos.

No se elaboró, firmó ni aprobó un contrato de adquisición de los bienes, tampoco se elaboró una orden de compra, con el fin de dejar establecido y asegurar plenamente los derechos del Estado frente al contratista, detalla en el informe.

NO SE HICIERON COTIZACIONES

Esta situación generó que no se regularan o garantizaran los requerimientos técnicos y legales necesarios en las adquisiciones como son lugar y plazos de entrega, precios, penalizaciones por incumplimiento, eventos de fuerza mayor y caso fortuito, resolución de conflictos, entre otros.

Se verificó que previo a la recepción de los bienes no se elaboró un acta de recepción provisional o definitiva de los equipos médicos en virtud que la compra nunca ingresó a Copeco, se hizo la entrega a representantes de Salud y se distribuyó desde la Fuerza Aérea de Honduras a las unidades médicas.

Además, no se realizaron cotizaciones con otras empresas sobre las compras realizadas, no se establecieron garantías de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato y de calidad, en vista que no se elaboró contrato ni se elaboró una orden de pago para el trámite administrativo.

La contratación directa no fue aprobada mediante Acuerdo Ejecutivo de Copeco, tampoco se notificó al TSC tal como lo manda la ley, ni se verificó por parte de la institución auditada que la empresa era idónea para la contratación, por lo tanto, no se aseguró que los insumos o bienes que esta entregaría cumplían con todos los requisitos de calidad y especificaciones técnicas requeridas.

La investigación del TSC constató que se compraron ventiladores mecánicos, modelo Vivo 50 y Vivo 65 a pesar de las alertas emitidas y circuladas por la Administración de Alimentos y Bebidas de los Estados Unidos de América (FDA).

NUNCA ENTRARON EN FUNCIONAMIENTO

De igual forma, en el transcurso de la auditoría se comprobó negligencia en la compra de ventiladores mecánicos, por estar incompletos; de acuerdo a informes técnicos de varios hospitales carecían de ciertos accesorios e insumos indispensables, lo cual originó problemas para que funcionaran de manera inmediata en la pandemia.

Esta irregularidad en la compra dio como resultado que el Estado erogara recursos adicionales por la cantidad de L4,602,075.00, en la adquisición de los accesorios faltantes. Esta compra se le delegó a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

En el transcurso de la auditoría se verificó, de acuerdo a los reportes presentados por la Secretaría de Salud y los directores de hospitales de las diferentes regiones del país, que algunos ventiladores nunca entraron en funcionamiento y otros se encuentran embodegados en los hospitales por no cumplir con las expectativas para el manejo del COVID-19 y otros por la falta de accesorios e insumos.

Se comprobó que los ventiladores y succionadores para la tos, no cumplen con las especificaciones técnicas para la atención de pacientes COVID-19 y personal médico recomendó su no uso.

Se verificó que facturas soporte de la transacción no son originales y presentan algunas inconsistencias, no cuentan con sellos y firmas de la empresa emisora, no se encontró la dirección de página web www.partnersmedicalsupplies.com ni existe el correo electrónico “[email protected]”, descritas en la factura.

FALTA DE EQUIPO

En el expediente del pago se encontró que en las facturas soporte de la transacción aparecen a nombre de la empresa “Partners Medical Supplies, Inc, dba: City Stair Lift” y la transferencia de pago fue realizada a la empresa “International Medical Equipment, LLC”.

Finalmente, se verificó un faltante en la cantidad de ciento cuatro equipos de asistencia para la tos (Cough Assist T-70 Phillips) y ochenta y cuatro baterías lo que representa un perjuicio de $358,696.00.

Los hechos encontrados incumplen entre otra normativa, la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República del año 2020, la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto Ejecutivo Número PCM 005-2020, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Sinager.

La auditoría a Copeco sobre las compras en el marco de la emergencia sanitaria continúa, los informes se notificarán en la medida del avance de las acciones de fiscalización. (XM)