Hondureños en EE. UU. acarician el sueño de la “Green card”

ZV
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25 de enero de 2021
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05:20 am
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Hondureños en EE. UU. acarician el sueño de la “Green card”

La reforma migratoria del presidente Joe Biden ha devuelto la esperanza a miles de hondureños indocumentados que en estos momentos se encuentran con las maletas hechas a las puertas de la deportación.

La iniciativa “busca sacar a la comunidad de indocumentados de las sombras y ponerlos en camino a la ciudadanía”, según ha dicho el impulsor de la misma, el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert “Bob” Menéndez.

“Los últimos cuatro años han sido verdaderamente traumáticos para las comunidades migrantes, teniendo que aguantar un sinnúmero de ataques de parte de la administración Trump”, agregó el político de origen cubano en sus cuentas de redes sociales, horas antes de presentar el proyecto en el Senado.

El plan tiene soñando por una residencia permanente a por lo menos 11 millones de migrantes indocumentados, entre ellos a más de un millón de hondureños entre ilegales, bajo el Estatuto de Protección Temporal (TPS) y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), porque de ser aprobado inmediatamente recibirían la ansiada “Green card” o tarjeta verde.

La reforma migratoria es liderada en el senador demócrata de origen cubano “Bob” Menéndez.

“IMPERATIVO MORAL”

A pesar del entusiasmo de la nueva administración por recompensar de algún modo a la comunidad hispana por su decisivo respaldo en las elecciones pasadas, muchos expertos y hasta los mismos migrantes se siguen preguntando qué posibilidades hay de que esta vez la reforma no quede estancada como en gobiernos anteriores.

Estas dudas están precedidas de la promesa incumplida del presidente Barack Obama, que terminó convertido en el mayor deportador histórico de inmigrantes y la cacería que emprendió su sucesor, Donald Trump, desde el primer día de su cuatrienio.

Al respecto, “Bob” Menéndez ha dicho a medios hispanos que “si esto fuera un mensaje que no va a llegar a ningún sitio no le pondría mi firma”, insistiendo que “tomará mucho trabajo y negociaciones” y “estoy lleno de esperanza de contar con el presidente Biden y a la vicepresidenta Harris como aliados firmes para por fin lograr una visión audaz de una reforma migratoria”.

En 2018, lideró el esfuerzo para proteger a los venezolanos desplazados por el “chavismo” y también y fue miembro de la llamada “Banda de los Seis” que presentó un proyecto de ley bipartidista de DACA para darles a los soñadores un camino hacia la ciudadanía. Este proyecto obtuvo 54 votos en el Senado, luego de que el presidente Trump se negara a apoyarlo.

En 2013, el senador Menéndez también fue miembro de la llamada “Banda de los Ocho” que logró aprobar una reforma migratoria bipartidista por una abrumadora mayoría en el Senado, pero fue bloqueada por líderes republicanos en la Cámara de Representantes. “Sin embargo, hoy más que nunca, contamos con un imperativo moral y económico para lograrlo lo antes posible”, subrayó.

La iniciativa beneficiaría a miles de hondureños ilegales en Estados Unidos, con una residencia inicialmente y la ciudadanía después.

DACA Y TPS

Pocas horas después de asumir el cargo, el miércoles pasado, el presidente Biden turnó al Congreso la reforma migratoria. Una vez ahí y de cumplir algunos requisitos, como no tener antecedentes penales y que están al día con el pago de impuestos, tendrían una residencia de cinco años y tres años después la ciudadanía.

En este punto, los “soñadores” aportan más de 5,600 millones de dólares en impuestos federales y 45 mil millones los “tepesianos” en los últimos diez años, según el mismo senador.

El proyecto prioriza con una residencia inmediata a casi 700 mil “dreamers” (soñadores), llamados así aquellos jóvenes que sus padres los llevaron a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños y a los que el expresidente Obama protegió en 2012 con el programa DACA.

Bajo este programa, los jóvenes vivían protegidos de la deportación y con permiso para trabajar y estudiar tranquilamente, pero no era una vía a la residencia o a la ciudadanía.

Como Obama nunca logró los votos necesarios en el Senado y Trump más bien intentó cancelar el programa, de no haber sido por resoluciones de las cortes federales, los “dreamers” siguen a las puertas de la deportación. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), el 75 por ciento de los soñadores son mexicanos, entre los 24 años y que llegaron a los Estados Unidos a los seis. El resto son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades.

En el caso de los más de 40 mil hondureños con TPS, el camino estaría despejado puesto que están protegidos desde 1998, cuando el programa fue creado como un alivio de la administración Clinton por los estragos del huracán “Mitch” y tienen mucho arraigo, según explicó la consultora en temas de inmigración, la salvadoreña Sandra Guevara.

No obstante, el TPS tampoco conduce a una residencia permanente. De hecho, fue cancelado en la administración Trump y su última renovación expiró el 5 de enero pasado, pero fue ampliado a octubre de este mismo año hasta que se resuelvan las demandas pendientes en las cortes contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Guevara aconsejó a los “tepesianos” a buscar otras formas de legalización antes que el TPS concluya en octubre, ya sea tramitando la residencia a través de sus hijos nacidos en Estados Unidos y con 21 años cumplidos, a través de las empresas para las que laboran o casarse con ciudadanos americanos.

Durante los próximos meses la atención estará centrada en el Senado de Estados Unidos, frente al proyecto de reforma migratoria.

INTENSO CABILDEO

Estas opciones serían como un “plan B”, en caso que la reforma migratoria de Biden se enrede en el Senado. Si bien el mandatario remitió la iniciativa el mismo día de su investidura, a la misma le espera un largo camino, según la mecánica legislativa estadounidense.

De entrada, el debate tardará hasta que los legisladores hayan asegurado las medidas urgentes contra la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19. A esto se suma el juicio político pendiente al expresidente Trump, previsto a partir de esta semana en el Senado.

Además, en caso que sea aprobada por el Congreso, que es lo más seguro, considerando que está en poder de los demócratas, necesitarían 60 de los 100 votos en la Cámara Alta, controlada en un 50 por ciento por cada partido. De este modo, además de los 50 senadores demócratas, necesitarán el apoyo de diez republicanos, lo que supone un obstáculo serio, considerando lo radical de este partido en temas de migración, según explicó Juan Flores, presidente de la organización de ayuda al migrante “15 de Septiembre”, con sede en Miami, Florida.

Prueba de ello, agregó Flores, es que el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, ya ha adelantado un poco del cabildeo intenso que le espera a la administración Biden si quiere pasar la reforma. “Hay muchos temas en los que podemos trabajar, cooperando con Biden, pero una amnistía general para la gente que está aquí ilegalmente no va a ser una de ellas”, subrayó el político de origen cubano.

El temor de los políticos republicanos, consideró Flores, es que estos inmigrantes se conviertan en una masa de votantes a favor de los demócratas una vez legalizados. El activista estima que son más de 20 mil hondureños “soñadores”, más del millón de ilegales y 44 mil de los 118 mil con los que inició el TPS en 1998. “La esperanza existe, pero hay que ser realista, es un camino espinoso y trabajo fuerte”, admitió Flores, quien es asilado político. Así, dijo que han empezado a organizarse a nivel nacional para pedir un nuevo TPS por si la reforma demócrata es engavetada, como en el pasado. (Eris Gallegos)

La propuesta migratoria establece que solo podrán resultar beneficiados los inmigrantes que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021, que paguen impuestos y tengan antecedentes limpios.

DE MILLONES DE INMIGRANTES
Fuertes expectativas en alcanzar la ciudadanía

La toma de posesión del gobierno demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, genera altas expectativas entre miles de inmigrantes indocumentados que viven de forma irregular en esa nación y que podrían aspirar a la ciudadanía.

El cese a la deportación de indocumentados durante 100 días desde el 22 de enero, el anuncio de apoyar al Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), con programas de desarrollo con más de 4,000 millones de dólares, aunado a la iniciativa de ley que envió Biden al Congreso denominada “Ley de Ciudadanía de EE. UU. de 2021”, auguran tiempos de cambio en el tema migratorio.

La iniciativa con la que se abre un proceso que podría conceder la ciudadanía de forma inmediata o después de cinco a ocho años a unos 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, buscaría modernizar el tema del manejo en el sistema migratorio.

En ese contexto, una posible aprobación para la ambiciosa reforma migratoria, tendría que pasar por un consenso en el Senado de los Estados Unidos, dividido en igual representatividad para los demócratas como para los republicanos.

Según los analistas, el presidente Biden, aparte del tema migratorio, cuenta en la actualidad con una serie de problemáticas de alta relevancia relacionadas con el medio ambiente, el tema de salubridad por la pandemia y el mejoramiento de las relaciones en el tema de la unificación de país.

CAMBIOS RADICALES

Los planteamientos relacionados a la discusión en el tema migratorio suponen cambios radicales en comparativa a la administración Trump, la cual más bien incentivó a la construcción de un muro fronterizo con México y las disposiciones de trabajar con los países de la región en el tema de asilamiento con un tercer país seguro.

La diferenciación en el manejo migratorio, por ahora está encaminado a una discusión en la Cámara Alta, según expertos, vendrían a sentar las bases de la posibilidad progresiva de una reforma, aunque en gran medida requerirá de la aceptación entre los senadores republicanos.

Se estima que, en los Estados Unidos, viven más de un millón de hondureños indocumentados, quienes podrían beneficiarse con las medidas que se concreten en los próximos meses.

Sin embargo, la propuesta migratoria establece que únicamente podrán resultar beneficiados los inmigrantes que hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021 y con mayores facilidades a los que tributen impuestos y tengan un historial limpio tanto en Estados Unidos como en sus países de origen.

En los Estados Unidos viven unos 16 mil hondureños “dreamers” conocidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y unos 44,000 “catrachos” amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) quienes al aprobarse la reforma tendrían la posibilidad de contar con un proceso de naturalización casi inmediato. (Kristian Soriano)

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