Edmundo Orellana cataloga como estafa la compra de los hospitales móviles
“Es muy difícil dar consejos a quienes deben de cumplir con su deber constitucional y legal”, dijo el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado, al referirse al caso del guatemalteco Axel López, intermediario en la compra de los hospitales móviles.
Orellana cataloga como estafa la compra de Hospitales móviles, ya que “él (Axel) prometió dar un producto que no fue en las condiciones que pacto, que engaño al comprador, fue una estafa en diferentes etapas, porque desde que el producto llego a la aduana el gobierno empezó a ser estafado, por el Estado tuvo de desaduanar, llevarlo a predios especiales, ahí desmonto la estructura, armo los hospitales y eso era responsabilidad del proveedor”.
Las instituciones involucradas en este caso tienen deberes, mandatos constitucionales y legales, fundamentalmente el Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas.
El TSC observando como se ejecuta el presupuesto y en este caso ya debe de tener un informe formal porque ya término el año fiscal en el cual se produjo todo, también debe de tener informe enviado a la Procuraduría General de la República oficialmente para que proceda y un informe al Ministerio Público para que proceda criminalmente.
“El problema no es meter a la cárcel a López o a cualquier funcionario de Invest-H, pero el problema es ¿cómo rescatar el dinero? Eso solo lo puede hacer la PGR, a través de las demandas y eso solo se puede hacer en base de un informe sobre el daño que se le causó al patrimonio de Honduras con la compra de los hospitales”.
Si aclaró que la PGR no puede actuar de oficio; en cambio, el MP sí puede hacerlo en incluso con una noticia que salga en el periódico es suficiente para que actúe, aquí lo reprochable es que el Ministerio Público todavía no ha actuado.
Se debe exigir que el Ministerio Público proceda, hay falta de seriedad. Se ha actuado de una forma negligente y criminal. No vamos a recuperar el dinero y, de paso, nos van a condenar.
A su criterio, lo más grave que por la omisión de estas instituciones, ese señor (Axel) que está reclamando dinero va a plantear ese asunto en un tribunal fuera del país y allá nos va a condenar, como Invest ha reconocido que no hay contrato, todo lo que él diga le va a favorecer y nos van a condenar.
Mercado Orellana aseguró que de interponer una demanda el intermediario en la compra de los centros móviles, “Honduras sería condenada porque no hay prueba alguna que le favorezca al Estado sobre la estafa sufrida”.
A su criterio, “el Estado ha actuado negligente y criminal, al quererle cubrir la responsabilidad a Axel López”.
