Managua, 11 feb (EFE).- Un estudio presentado este jueves por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) inculpó al presidente Daniel Ortega como responsable directo de “crímenes de lesa humanidad”, en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018.
El estudio, que investigó la muerte de 113 personas, de un total de 328 registradas por el Cenidh y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las manifestaciones, concluyó que Ortega estuvo al frente de “las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de otros Poderes del Estado”, cuyas acciones supuestamente quitaron la vida a los opositores.
“Actuaron como una unidad indivisible” en la “dirección, coordinación y ejecución de operativos”, que “han provocado la muerte de personas consideradas enemigas del régimen, lo cual configuraría crímenes de ejecución extrajudicial y crímenes de lesa humanidad, conforme a los estándares internacionales”, resaltó el estudio.
El informe de la FIDH y el Cenidh agregó que, desde que en 2007 Ortega volvió al poder, “se advierte un debilitamiento constante de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, revestido de legalidad para avanzar en la consolidación de estructuras estatales y paraestatales destinadas a desarrollar operaciones de inteligencia, persecución y represión”.
La experta en derechos humanos de la FIDH, Jimena Reyes, quien presentó el informe, sostuvo que “a pesar de la gravedad de los hechos, (las muertes) permanecen en la más profunda impunidad”.
“No estamos frente a simples asesinatos, sino a verdaderos operativos planificados”, agregó Reyes, quien mencionó con nombres y apellidos a 16 funcionarios, allegados y familiares de Ortega, como “actores intelectuales” de la muerte de los opositores, aparentemente liderados por el mismo presidente.
Por su parte, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, recordó la frase con la que supuestamente la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, habría ordenado los ataques armados contra los manifestantes: “vamos con todo”.
Hasta ahora Ortega, quien ha reconocido 200 muertos, alega que se defendía de un supuesto intento de “golpe de Estado fallido”.
“Con la mentira del golpe de Estado, Daniel Ortega pretendió justificar la represión”, sostuvo Núñez.
En sus conclusiones, el estudio señaló que la situación de “represión” se mantiene en Nicaragua, que se agravó tras la aprobación de leyes que restringen las libertades públicas, y que el país no podrá salir de la crisis actual si no hay cambios.
La FIDH y el Cenidh urgieron a la comunidad internacional “que no abandone a la población nicaragüense”, y al Poder Judicial “darle primacía a su principio de independencia”.
Esta es la segunda ocasión que Nicaragua vive una crisis sangrienta por razones políticas en los últimos 40 años, tras el conflicto interno de los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente. EFE
