Por: Juan Ramón Martínez
No soy filósofo del derecho. No tengo tal capacidad. Mi responsabilidad es, ahondar en las cuestiones, preguntarme por qué se juzga a los hechos de una manera. Y no de otra. Y preguntarme, cuál es la razón para que la pasión en el juicio, siempre ande acompañada de argumentos de escasa caladura. En los últimos tiempos, en el ánimo de mostrar que unos son más honrados que otros, en el ejercicio del “yo” desmesurado, es el otro el delincuente, el peligro social, al que hay que castigar. Esto me llama la atención, llevándome a hacerme algunas preguntas y reflexiones. El fin de la justicia es, dar a cada quien lo suyo. Modernamente, busca colocar las cosas en el lugar donde estaban, haciendo las compensaciones correspondientes. La venganza no liga con la justicia. Y lo que busca no es ordenar las cosas y reparar los daños inferidos, sin buscar objetivos políticos, deteniendo una carrera política. O simplemente satisfacer un ego desmesurado.
Hay cosas que, no se les presta atención. Posiblemente el acto de mayor corrupción, delito –robo expresamente dicho– es, el de los rieles de los ferrocarriles de la Standard Fruit Co., de la Tela y parte del Ferrocarril Nacional. Todavía se ve en algunas fincas, cercos construidos con rieles robados, usados como postes. Y nadie dice nada, o critica; por la razón que, como en el caso de Fuenteovejuna, los ladrones son muchos y no se pueden condenar entre sí. Incluso organismos especializados, en un abuso histórico, hablan del escándalo del ferrocarril, basándose en una novela y no en la investigación documental. Somos fáciles para juzgar y perezosos en la búsqueda de pruebas. No solo el público –también algunos fiscales; los políticos– cuando juzgan a sus adversarios, los periodistas y gran parte del público. Se pasa por alto que, la acusación es algo grave, que debe ser respaldada con pruebas, presentadas en los tribunales, –no en los medios de comunicación– donde se deben dilucidar los asuntos, porque cuando se hace en la calle, se irrespeta a los jueces, negándole la libertad para llegar a las conclusiones en las cuales, basar sus sentencias. La MACCIH, en la voz de algunos togados, en la borrachera de sus deseos por conquistar a la opinión pública y justificarse, llegó a presionar a los jueces, algunos de los que, temerosos de sus vidas y reputaciones, se sometieron a los caprichos de estos extranjeros, preocupados más por sus prestigios que, por fortalecer la justicia hondureña.
Dos casos que me llaman la atención. Escuché a Renato Álvarez, a partir de una supuesta petición de algunos fiscales de Nueva York, pedirle la renuncia al Presidente de Honduras. Posiblemente en el ejercicio de la pasión y, no hay que descartar, desde su deseo por la recuperación del perdido prestigio de Honduras, llegó a tales excesos. Irrespetando la presunción de inocencia, se precipitó en el vacío, porque la simple denuncia –que no es más que una pretensión–, le llevó a juzgar al denunciado y además, a condenarlo. Sin esperar el juicio. Negando el ejercicio de la legítima defensa y usurpándole a los jueces, el derecho de hacer justicia, mediante la sentencia correspondiente.
El otro, es que incriminando a Yani Rosenthal, –juzgado y condenado en Nueva York, donde pagó la pena correspondiente y en consecuencia recuperó sus derechos–, se le niega la oportunidad de participar en las internas. Aquí, el derecho chapalea en la peor política imaginable. Me ocupo del tema, por el tono doctoral que usan sus adversarios. Pasando por alto que la justicia, no quiere venganza. Más bien, la legislación moderna busca, –lo que los “acusadores” no quieren oír siquiera–, de la reinserción social. E incluso en España, se habla de la reconciliación y, en recuerdo de la práctica de una cultura africana, de la compensación. Allá, quien mata al hijo de una familia, –sostén de sus ancianos padres–, el castigo es irse a vivir con ellos, reemplazando al fallecido. Rosenthal, no solo reconoció sus delitos, sino que pagó por ellos. En consecuencia, tiene todos los derechos para participar en política. Quienes lo descalifican, –no por patriotismo–, suplantan la soberanía popular y se convierten en jueces que, nadie ha nombrado. O en vengadores a los que, no se les ha dado la “capa”, siquiera.
