Indignación y decepción por el “Vacunagate” en Perú

Lima.- Perú afronta, entre la indignación y la decepción, el escándalo de la vacunación en secreto contra la COVID-19 de funcionarios y personajes encargados de encabezar la lucha contra la pandemia y que ahora, muy probablemente, deberán lidiar con sanciones políticas y judiciales.

Mientras que para analistas y juristas el país enfrenta “un mensaje devastador” de su clase dirigente, el gobierno de transición del presidente Francisco Sagasti reconoce el duro golpe, pero insiste en que se debe poner por delante “a todos aquellos que diariamente cumplen su función con integridad”.

“No podemos dejar que el comportamiento, la actitud, de algunos pocos funcionarios públicos empañe la labor de servicio al país que cumplimos”, afirmó el martes la primera ministra, Violeta Bermúdez, antes de remarcar que más de 1,4 millones de personas trabajan “fuertemente” para el Estado “en un contexto especial” ante la pandemia “y un conjunto de situaciones de crisis”.

Las responsabilidades y culpas del escándalo, bautizado rápidamente como el “vacunagate”, comenzarán a definirse tras haberse hecho público el martes el listado de 487 personas que recibieron vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que eran exclusivas para el personal que llevaba adelante los ensayos clínicos en el país desde fines del año pasado.

Si bien es cierto que entre los beneficiados hubo gran cantidad de médicos y científicos vinculados con los ensayos, también estuvieron funcionarios de los dos últimos gobiernos, incluido el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), familiares de estos, consultores e “invitados”.

A pesar de que Vizcarra es duramente criticado, e incluso el Congreso anuncia que planteará su inhabilitación política, el régimen de Sagasti también ha sido afectado tras conocerse que entre los vacunados estuvieron la ahora exministra de Salud Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete.

Mientras que Astete era la encargada de negociar la compra de vacunas, Mazzetti tuvo a su cargo la conducción de la lucha directa contra la pandemia e incluso llegó a afirmar hace una semana que iba a ser “la última” en ser vacunada, a pesar de que ya había recibido las dosis en enero pasado.

Ante esta revelación, el actual gobierno afirmó que ningún funcionario vacunado en secreto permanecerá en su cargo, pero tuvo un gesto inédito hacia Mazzetti, al retirarle el agradecimiento que le había dado por sus “servicios prestados a la Nación” cuando dimitió el viernes, después de que el Congreso la citara para que explique la vacunación de Vizcarra.

Grupos de legisladores han planteado que Vizcarra, Mazzetti y Astete sean sometidos a un juicio político y se les inhabilite para ejercer cualquier función pública durante diez años.

La Fiscalía abrió, por su parte, una investigación preliminar por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, ya que estos funcionarios ejercían cargos con poder de decisión. (EFE)