La privación de libertad en la niñez infractora afecta el desarraigo familiar y comunitario, alienta la estigmatización y el rechazo social de la ciudadanía, afirma la evidencia científica aplicada a los sistemas especiales de justicia juvenil del mundo; y la experiencia en Honduras no es excepción.
Con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mediante el Proyecto de Apoyo Canadiense para el Fortalecimiento del Sistema de Protección de la Niñez y Justicia Penal Especial de Honduras (PRONIÑEZ), el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora liderado por el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), incorporará a su servicio público la metodología denominada “Caja de Herramientas Relativa al Modelo de Resolución Alterna de Conflictos”.
Con este instrumento, la institución potenciará una serie de figuras jurídicas reconocidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia focalizadas en las “Formas Alternativas o Simplificadas de Solución de los Conflictos Sometidos a la Jurisdicción Especial de la Niñez” y el principio de “Intervención Mínima” establecido para reducir las medidas privativas de libertad durante el proceso de atención de la niñez infractora.
Según Osvaldo Vásquez, experto en el diseño de políticas públicas sobre justicia juvenil, y encargado del proyecto, “Esta iniciativa es una progresión de la justicia restaurativa en Honduras, la evidencia científica afirma que la privación de libertad debe ser el último recurso, y en menor tiempo posible; la adopción de formas alternativas abre un abanico de oportunidades para que el adolescente repare el daño a la víctima y la comunidad, sin desestimar su responsabilidad con la ley penal.
Oportunidades
De acuerdo a la normativa internacional y las leyes nacionales, la justicia penal juvenil tiene como propósito, rehabilitar y reinsertar al niño y niñas infractores a partir de la provisión de servicios en educación, salud integral, sana alimentación y seguridad.
A tres años de vida institucional, el INAMI ha reducido la población de internos en los Centros Pedagógicos de Internamiento en más del 50%. El dato estadístico revela que, en 2017 los centros de internamiento albergaban una población de más 600 infractores; en contraste a 262 de internos a marzo de 2021 que representa el 87% de niños y el 13% de niñas.
Este descenso se atribuye a la puesta en marcha de metodologías especializadas junto al trabajo colaborativo con el Poder Judicial, instituciones públicas vinculadas a la protección de la niñez, sociedad civil y cooperantes.
De acuerdo al Coordinador del Programa de Atención a Medidas Sustitutivas a la Privación de Libertad del INAMI, Gonzalo Toro, en el año 2017 apenas se atendía a 590 jóvenes, a diferencia de los 1,500 que ahora gozan intervención desde sus comunidades con servicios especializados a cargo de Casa Alianza, Fundación Pan, Techo y Trabajo, Hogares Crea, Proyecto Victoria, INFOP, IHADFA, Ciudad Mujer y las Secretarías de Estado en los despachos de Salud y Educación, respectivamente.
Agregó “Se trata de medidas alternativas para favorecer la integración social y fomentar la responsabilidad del adolescente sin desarraigo de la familia y la comunidad, por ello, la justicia juvenil es un escenario para que el joven comprenda y repare las consecuencias de su conducta antisocial, jamás un castigo sino oportunidades”.
