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LAS enconadas revanchas políticas no dan tregua. Ya el oficialismo en Bolivia inicia sus primeras diligencias persecutorias contra los opositores que gobernaron durante un breve período, desde la salida de Evo hasta que el MAS volvió a recuperar el poder. La fiscalía giró orden de detención pidiendo seis meses de cárcel para la presidenta interina. El operativo de aprehensión estuvo a cargo del Ministro de Gobierno y del comandante general de la Policía. El funcionario explicó que se efectuaron las capturas correspondientes al “proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado”. El “golpe” fue lo que Evo denunció, en un cambio de parecer, a su llegada a México. Aunque hay una historia distinta. Cuando el Tribunal Electoral lo declaró ganador en primera vuelta –después que en horas de la noche se cayó el sistema de transmisión de resultados que mostraba una tendencia apuntando hacia una segunda vuelta– las calles se calentaron.
El alto mando militar y policial llegó a su despacho a decirle que no se prestarían a la represión. Para tranquilidad del país –le dijeron– era conveniente que renunciara. Sin embargo, ya gozando del refugio seguro brindado por el gobierno mexicano, desde allá denunció que lo derrocaron con “un golpe”. Su partido, mayoritario en el Congreso, nunca le dio trámite a la renuncia. Sin embargo, a los días, para llenar la vacancia, se instaló un gobierno interino. Este fue encabezado por la senadora que asumió la titularidad provisional del Ejecutivo, mientras se realizaba la convocatoria a nuevas elecciones. Con las riendas del poder la oposición a Evo hizo lo inconcebible. En vez de hacerse un nudo y presentarse unida al nuevo proceso comicial con un solo candidato, surgieron las discrepancias. Todos querían la candidatura, incluyendo a la interina que a los meses lanzó su postulación. De repente les cayó encima la pandemia. El gobierno perdió prestigio en la medida que fue brotando el desencanto por el mal manejo de la crisis. El interinato duró demasiado tiempo. La tregua fue aprovechada por el MAS para rearmarse y volver a la carga. Si cuando botaron a Evo hubiesen convocado rápido a otras elecciones, bajo una sola bandera, quizás el cuento sería distinto. Pero así son los políticos. Una vez que se encaraman a todos les pega la fiebre. El desparrame fue fatal. El MAS, con un candidato nominado por Evo, volvió a ganar. Así que ahora viene la segunda vuelta, pero no electoral, sino la del desquite.
Los defensores de Áñez arguyen que “la ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, fue aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS era mayoría”. El artículo 2 dejó “sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados”. Varias leyes y documentos fueron aprobados por ese Parlamento y el Gobierno interino trabajó junto a otras instancias como el Órgano Electoral, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo –todos integrados con miembros del MAS– por lo que la teoría del golpe o de un “Gobierno de facto” no es cierta. A propósito del saldo de cuentas en la política. La fiscalía peruana acaba de solicitar 18 meses de prisión preventiva para el destituido expresidente Vizcarra –quien se hizo popular por la lucha contra la corrupción– vaya ironía, por presuntamente recibir sobornos cuando era gobernador de una provincia.
