A los exfuncionarios del FHIS se les acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) se reportó lista para el desarrollo del juicio oral y público en contra de seis exempleados del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
De acuerdo al expediente, los acusados se confabularon para sustraer fondos y mal utilizarlos en la realización de fiestas.
Los procesados en este caso son Asley Waldemar Portillo, Brenda Salgado Baca, Wilfredo Alberto López, Ingrid Yanet Ponce Larios, Miguel Ángel Ponce Larios y Bertha Lidia Larios. El debate en esta causa comenzará desde el próximo lunes 22 hasta el 26 de marzo del presente año.
Los acusados por el delito de malversación de caudales públicos son Ashley Portillo Cristales, Ingrid Yaneth Ponce, Bertha Lidia Larios y Miguel Ponce Larios.
A los otros señalados, como Brenda Salgado Baca y Wilfredo Alberto López, se les acusa del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Por otra parte, el equipo fiscal contra la corrupción, en juicio oral y público logró una nueva sentencia condenatoria en contra de Jorge Adalberto Discua Mejía, quien fungió como registrador civil de Siguatepeque, y quien enfrenta varios procesos penales.
Esta es la quinta condena contra Discua Mejía por el delito de falsificación de documentos públicos y en esta causa el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque señaló la audiencia de individualización de la pena para el próximo viernes 19 de marzo, a las 3:00 de la tarde.
ESTAFA EN TRASPASO
En el Tribunal de Sentencia en Materia en de Corrupción se realizó una audiencia de proposición de medios de prueba en el expediente contra de tres involucrados en actos irregulares a lo interno de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Se trata del jefe de Catastro, Yester Santiago Urquía Rubio; el evaluador de Catastro, Carlos Manuel Reyes; y el notario público, Aníbal Rodríguez Umanzor, encausados por los delitos de cohecho, estafa y falsificación de documentos públicos.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que el 90 por ciento de los medios de prueba fueron admitidos, entre documentales, testificales y periciales; además se agendó del 19 al 23 de abril el juicio para los tres encausados.
Los hechos por los cuales se acusa a los antes mencionados fue por un traspaso de un terreno sin la firma respectiva del dueño, en ese sentido, una vez que el propietario fue a verificar al Instituto de la Propiedad (IP) la situación del terreno, supo que se había cambiado el nombre.
Finalmente, en la causa instruida contra Waleska Lizzete Cerrato Blanco por el delito de falsificación de documentos públicos, el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Atlántida, admitió la totalidad de la prueba del Ministerio Público, fijando fecha de juicio oral y público del 9 al 13 de agosto de 2021.
Todos estos casos fueron trabajados por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público. (XM)
