Por: Edmundo Orellana
Los partidos políticos son los responsables del caos que imperó en esta primera etapa del proceso electoral porque no aprobaron la nueva Ley Electoral.
No debemos permitir que se repita este relajo en las elecciones generales, por lo que debemos contar con una nueva ley que garantice la transparencia del proceso y la supervisión social del escrutinio en todos sus niveles.
Mientras sean los activistas de los partidos quienes practiquen el escrutinio el caos seguirá imperando en el proceso electoral. El fraude comienza en la mesa electoral y termina en las bodegas del INFOP, porque en todos los niveles quienes cuentan los votos y revisan y cuentan las actas son activistas de los partidos políticos. Ninguna autoridad electoral puede evitarlo. El escrutinio en todos sus niveles está en manos de activistas.
Integran las mesas electorales y también los órganos municipales y departamentales. Los que participan en el escrutinio final lo son también, porque, aunque formalmente son empleados del CNE, son activistas propuestos por los políticos con la misión de cuidar sus votos o aumentarlos. En estas condiciones, ninguna autoridad superior del CNE está en condiciones de asegurar que el escrutinio es confiable. De ahí, que a nadie extrañó que una consejera del CNE denunciara: “la verdadera crisis es que desde esta institución se fragua el fraude”.
De esta experiencia debemos aprender. En primer lugar, tenemos que cuestionarnos sobre la conveniencia del financiamiento estatal para las elecciones primarias. No es justo que se destinen recursos del pueblo hondureño para que los políticos matreros los usen en sus maquiavélicas maquinaciones para burlar la voluntad de los votantes de sus respectivos partidos, en lugar de usarlos en la consolidación de las instituciones democráticas.
En segundo lugar, habrá que preguntarse sobre la pertinencia de la escogencia de los candidatos en primarias. Actualmente, es imposible postularse independientemente dentro del partido político; necesariamente debe ser propuesto por un movimiento; en otras palabras, por el propietario del movimiento, en muchos casos, por lo que aporta económicamente el aspirante a candidato. Esta práctica no tiene nada de democrática, porque nadie fuera de los movimientos puede postularse. Es tiempo, pues, de considerar la democratización de esta etapa del proceso electoral, permitiendo que cualquiera, que tenga los requisitos legales, pueda postularse libremente, para que el votante no esté limitado a escoger entre los impuestos por los dueños de los movimientos.
En tercer lugar, la expulsión de los partidos del escrutinio. El diseño actual permite una segunda oportunidad a los que participan. La primera es el momento del voto, en donde el ciudadano es el soberano; la segunda, es en el momento del escrutinio, porque, siendo sus representantes quienes cuentan los votos, pueden falsear los resultados a su favor o porque pagan por voto adjudicado. Aprovechan también los movimientos políticos pequeños o de maletín, suministrándoles sus propios militantes para las mesas electorales que aquellos no pueden cubrir, con lo que se aseguran la mayoría y la imposición de sus decisiones, corrompiendo el escrutinio.
En cuarto lugar, debe permitirse la supervisión del votante sobre el escrutinio en todos sus niveles. El momento de contar los votos en las mesas electorales debe ser supervisado por los partidos políticos y por la sociedad civil, igualmente en el seno del CNE. La supervisión garantiza que la voluntad del votante se respete, porque no da lugar a que en las mesas electorales y demás niveles se falsifiquen los resultados.
Probado está que no abonó a la transparencia electoral la incorporación de Libre en los órganos electorales. Por el contrario, fueron sus representantes los que más escándalos protagonizaron. En el RNP, trascendió la extorsión sobre los activistas de ese partido, y en el CNE las amenazas de evitar la convocatoria generaron en la población incertidumbre en el proceso y angustia por lo que ocurriría de no convocarse a elecciones.
Las denuncias de fraude en los partidos de oposición son tantas que han generado la percepción en la sociedad de que estas son las elecciones más contaminadas desde 1982, provocando desilusión entre la juventud, cuya participación activa y protagónica fue manifiesta, animada por la convicción de que podía contribuir al cambio, y en la población la idea de que la única salida es la nulidad de las elecciones.
El tripartidismo es el responsable de este caos y sus siniestras consecuencias, entre las que se destaca la sensación de que las élites corruptas que nos gobiernan son imbatibles porque los partidos políticos son sus medios de dominación. Exijámosles que emitan la nueva Ley Electoral para que en las elecciones generales se sustituya el diseño actual por uno que garantice el respeto a la voluntad del votante y expulse cualquier elemento de incertidumbre en el proceso, para evitar los trágicos escenarios que ocurrirán de repetirse el caos de las primarias. Animémoslos, diciendo con fuerza. ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
