Quienes son los niños y niñas que ingresan al sistema penal juvenil
En cumplimiento al Memorando de Entendimiento entre el Estado de Honduras y la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO) para el apoyo técnico al Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores (INAMI), se presentaron los resultados obtenidos de la Investigación, “Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal: un Estudio Cualitativo sobre Factores de Riesgo y Alertas Tempranas”.
La IDLO junto autoridades del INAMI, representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la protección de la niñez en conflicto con la Ley, revelaron los principales factores que conllevan a un niño, niña y adolescentes a ingresar al Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora de Honduras.
Se trata de una investigación cualitativa, la recolección de información se realizó por medio de entrevistas semiestructuradas y grupos focales; teniendo como unidad de análisis a adultos que durante su infancia o adolescencia entraron en conflicto con la Ley Penal, culminando su proceso de reeducación en el Instituto Nacional de Atención al Menor Infractor (INAMI).
Adicionalmente, se incluyeron a padres y madres de familia de NNA de los Centros Pedagógicos de Internamiento y del Programa de Medidas Sustitutivas. De igual forma, se incluyeron entrevistas a distintos expertos que laboran con NNA en situación de vulneración de derechos, personal técnico y gerencial del INAMI, representantes de la DINAF, Policía Nacional y Poder Judicial. Se realizó una triangulación entre técnicas, actores y contra antecedentes.
En palabras del experto nacional y encargado de dicha investigación, el licenciado Miguel Landa, “Estos hallazgos denotan la naturaleza compleja y multicausal que arriesga a los niños, niñas y adolescentes a entrar en conflicto con la Ley Penal. En tales procesos convergen aspectos psicológicos, familiares, escolares, sociales e institucionales. Se debe recordar que los factores de riesgo tienen un carácter acumulativo, por lo que la exposición a una pluralidad de variables vulneradoras incrementa significativamente el riesgo de que un NNA entre en conflicto con la Ley Penal. De manera que los procesos de detección e intervención deben darse a nivel integral y sistémico, abarcando las distintas áreas en las que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes.”
El INAMI dio a conocer que la data obtenida servirá de base en la elaboración de modelos de atención a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en conflicto con la Ley Penal, con énfasis en la prevención y reintegración, así como en las medidas con enfoque de justicia restaurativa y derechos humanos.
De interés
El INAMI fue creado en 2017 por el Estado de Honduras para cumplir con el mandato de dirigir el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora de Honduras; y la administración e implementación de servicios especializados en los Centros de Internamiento Pedagógico que operan en el país.
La Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, IDLO por sus siglas en inglés, es la única organización intergubernamental dedicada exclusivamente a promover el estado de derecho. IDLO habilita a los gobiernos y empodera a las personas para reformar las leyes y fortalecer las instituciones para promover la paz, la justicia, el desarrollo sustentable y las oportunidades económicas.
Sus programas, investigación y su promoción de políticas cubren toda la gama sobre el Estado de Derecho, desde la constitución de la paz y fortalecimiento institucional hasta el desarrollo social y recuperación económica en países que surgen de conflictos y aspiran a la democracia.
IDLO trabaja en Honduras desde el año 2012, en 2015 Honduras se convirtió en Estado Parte de la organización. Desde 2015, IDLO implementa el programa “Reducción de Homicidios y Violencia a través del Acceso a la Justicia” financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con el fin de remplazar la actual cultura de violencia con una de legalidad, este programa, en colaboración con las instituciones nacionales, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, apoya los servicios legales, los mecanismos de atención y el fortalecimiento de la capacidad de los operadores de justicia, centrándose específicamente en los sectores y grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las personas privadas de su libertad.
