Rechazan petición de excarcelación a empresario ligado a fraude en el IHSS
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) se notificó este jueves de la resolución emanada de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional que declara “Sin Lugar” la solicitud de excarcelación a uno de los involucrados en el descalabro financiero del que fue objeto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Se trata del propietario de la Constructora JC Maradiaga, Juan Carlos Maradiaga Ortiz, a favor de quien su defensa había pedido el otorgamiento de medidas sustitutivas argumentando erradamente que al imputado ya se le había vencido la Prisión Preventiva, obviando que su condición jurídica de procesado cambió desde el 29 de junio de 2019 cuando fue declarado culpable del delito de lavado de activos.
Este argumento ya había sido utilizado por los apoderados legales del empresario, quienes en julio de 2020 habían peticionado lo mismo, siendo esta la segunda ocasión en que se les desestima la liberación de su cliente.
La causa “Constructora JC Maradiaga-IHSS” está relacionada a la suscripción de un contrato y la sustracción de casi 50 millones de lempiras de ese centro asistencial.
De acuerdo a las investigaciones, el empresario en contubernio con el exdirector del IHSS, Mario Roberto Zelaya Rojas, su gerente administrativo, José Ramón Bertetty Osorio y su jefe de compras, Jorge Alberto Zelaya Rojas (prófugo), sobrevaloraron en un 389.52 por ciento la compra de materiales de construcción y suministros de cobre, cuyo monto defraudado ascendió concretamente a 47 millones 250 mil 401 lempiras con 66 centavos (Lps. 47,580,401.66), encontrándose además que la obra no se concluyó.
Asimismo, se registraron anomalías en un contrato por concepto de suministro de una bomba de vacío y sus accesorios, ya que conforme a la póliza de importación el valor pagado por el Seguro Social fue excesivo.
En este expediente, falta que se emitan las penas concretas en contra de los primeros tres enjuiciados, aun cuando desde el 8 de agosto de 2018 se celebró la respectiva audiencia de individualización de pena, en la que el Ministerio Público pidió 35 años de reclusión para Zelaya y Bertetty por lavado de activos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios y 15 años de reclusión para Maradiaga por lavado de activos.
