Sesión del Congreso el Día de la Independencia

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26 de marzo de 2021
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12:05 am
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Sesión del Congreso el Día de la Independencia

¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?

Por: Óscar Armando Valladares

A Max Velásquez, amigo y habitual morazanista

Se avecina el 15 de septiembre que, a buen seguro, los estados centroamericanos han previsto realzarlo por y para rememorar el acto y acta proclamatorios de aquella histórica separación sin sobresaltos de la “madre” Iberia, jurada en Guatemala hará doscientos años. Poco sabemos de lo que en concreto dispondrán las autoridades y asociaciones cívicas de los demás países; en el de Valle y Dionisio de Herrera, ocupado en sortear calamidades pandémicas, fenoménicas, políticas e impúdicas, no se dispuso de una antesala ampliamente propicia para darle a la efeméride la plenitud crítica y estimativa que amerita, aunque el titular del Ejecutivo y la comitiva oficial han proferido el silbato de inicio del programa en cartera.

No deja de resultar incómodo y forzado aupar en teoría una efeméride y en los hechos volverla nugatoria. Incluso para el más fresco de los mortales, no es chiche asumir un doble rol: comprometer el territorio y apelar al patriotismo; hincar más la dependencia y aducir soberanía (cuando mandatos de procedencia foránea requieren -como en ninguna otra nación istmeña- extradiciones irremediables de Cachiros, cachorros y cachurecos).

El caso paradigmático es que en 2013, y no hay por qué no reiterar el señalamiento, el dúo dinámico Hernández/Lobo Sosa rubricó la Ley Orgánica fementidamente disfrazada de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que cede y da sin ningún recato al capital extranjero cualquier zona de la superficie hondureña, en entreguismo inaudito y desmedido, por cuanto traspasa a los inversionistas de fortuna el poder de crear y poner en vigencia leyes e instituciones: juzgados, alcaldías, autoridades civiles y de orden público, bancos, escuelas, hospitales, oficinas de impuestos y todo lo que pueda caber “en un estado dentro de otro estado”.

Ocho años lleva este decreto extravagante, harto, más vergonzoso que el Convenio Paredes-Knox, de 1911, por el que un establecimiento usurario de EE UU se haría de las aduanas del país. En virtud, empero, de oportunas manifestaciones el Poder Legislativo se vio compelido a improbarlo. Con su celo patrio, Medardo Mejía dijo de ese arreglo malhadado: “En el gobierno de Miguel R. Dávila hubo la tentativa de solicitar un empréstito a la casa Morgan, de Nueva York, por la cantidad de diez millones de dólares. La casa prestamista exigió el control de las aduanas. El gobierno aceptó la condición: fue firmado el convenio, y sus delegados Francisco E. Paredes y Paulino Valladares se trasladaron a Estados Unidos para traer el oro en dólares, sin reparar en que no habían garantizado totalmente la retaguardia, pues llevado el convenio para su aprobación al Congreso Nacional, fue rechazado con irritación por la mayoría de los diputados. Su presidente, don Francisco Escobar, viejo jurista, dijo con patetismo: -Primero me c
ortan la mano derecha que poner mi firma en el Convenio Paredes-Knox-”.

Pues bien, con igual vehemencia lanzamos la idea conducente a que diputados de Libre, bancada liberal, PINU y otras representaciones políticas conformen -con grupos afines- un frente prosoberanía y dignidad del país; que debidamente enterado de los fines y alcances del articulado que permitió las Zonas de Empleo y Desarrollo, promueva una sesión extraordinaria presencial -a verificarse el miércoles 15 de septiembre- y mocione con absoluta firmeza la anulación legal de las ZEDE, como digno y honroso presente de la ciudadanía al recordatorio independentista.

Querríamos ver -entre el conjunto de legisladores responsables- la combatividad de Doris Gutiérrez, el sustento jurídico de Jari Dixon, Mauricio Villeda, Jorge Cálix; el civismo de Juan Barahona, Rafael Alegría; la dinámica ética de Olivia Zúniga Cáceres, Tomás Ramírez; el comportamiento rectificador de algún nacionalista, y, en adversa pesadilla, de nuevo las añagazas de quienes votaron contra la patria en 2013, violando la Constitución en enésima vez, pisoteando -por fraudulenta- la condición de representantes del pueblo e irrespetando dolosamente la soberanía reservada a los hondureños. ¿Aprueba el lector la sugerencia que inspira estas cuartillas?

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