Por: Julio Raudales
Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.
No es el mercado quien genera pobreza sino el Estado, cuando toma decisiones que perjudican a la gente, fomenta la corrupción y trunca los esfuerzos de la ciudadanía con onerosas cargas impositivas, reglamentaciones innecesarias, burocracia excesiva y, sobre todo, dilapidando los recursos que no son suyos, para beneficiar a su “clientela”. Lo que sucede en Honduras es un buen ejemplo de lo que digo.
Muchos acusan al actual gobierno de “neoliberal”, de “enemigo de lo público” y empobrecer a la gente con medidas de flexibilización de los mercados. Nada más equivocado. La política económica de las últimas décadas es estatista, avasalladora y enemiga de iniciativa individual. Los últimos gobernantes se han dedicado a acrecentar una estructura gubernamental con la que ya no podemos.
Para el caso, en el año 2005, el sector público contaba con unas 76 instituciones, entre secretarías de Estado, organismos descentralizados, desconcentrados, empresas públicas y entes reguladores. Eran bastantes, si consideramos el tamaño de la población del país, pero en la actualidad son más de 125. Para ese mismo año, el gobierno central tenía una nómina aproximada de 50 mil trabajadores, excluyendo docentes y personal de salud. Hoy son más de 95 mil. Es decir, en apenas 15 años casi se ha duplicado la burocracia.
Esto, por supuesto, tiene un impacto muy negativo en la vida de la gente. Un estudio que MYT Consulting hizo para 6 países latinoamericanos, demuestra que, en Honduras, cada empleo generado en el sector público hace que se pierdan 4 en el sector privado. Por tanto, vale la pena preguntarse cuánto ganaría el país en términos de bienestar, si se hiciese un esfuerzo por reestructurar el gobierno, de modo que hubiese un esquema de servicio civil eficaz y dejáramos de pensar que solo haciendo crecer el gobierno se puede mejorar el bienestar de la gente.
Las cosas empeoran si analizamos qué es lo que el gobierno hace con nuestro dinero, aparte de contratar más burocracia, comprar armas, hacerse publicidad y despilfarrar en edificios de lujo. Hay dos elementos que deberían concentrar la política pública y sin embargo están abandonadas: Los servicios adecuados a la ciudadanía y la inversión productiva. Ambos cada vez más precarios y en el total abandono de los políticos.
En el caso de los servicios, es muy evidente el deterioro que experimenta la transferencia de buenos servicios del gobierno a la población. El sistema educativo desfallece, no solo por la pandemia -es muy común que ahora se le eche la culpa de todo al virus- sino, por la falta de voluntad de los responsables en su mejora. El estado físico de las escuelas y colegios es deplorable, los estudiantes no tienen acceso a buenos materiales y no se contratan profesores desde hace bastante.
Del sistema sanitario mejor no hablar. No se contratan médicos ni enfermeras, sus salarios siguen congelados desde hace años, al igual que el de los docentes, los hospitales sin provisión de equipo y medicamentos, además de la inexistencia de un esquema de atención primaria eficaz, descentralizado y enfocado en la prevención.
El acceso a energía, agua potable, alcantarillado, vivienda social y protección ciudadana, siguen siendo igual de precarios que hace 40 años. En general, la gente siente que no puede contar con la autoridad para atender este tipo de necesidades. Entonces ¿para qué elegimos gobernantes?
En cuanto a la inversión pública de apoyo a la producción, las cosas no andan mejor. Las carreteras y puentes siguen destruidos, los costos de transacción elevadísimos si los comparamos con los del vecindario y cada vez más, el presupuesto para estos rubros tiende a reducirse. Si no hay verdadera voluntad para revertir esta situación, no podremos esperar que haya generación de empleo y por ende mayor gobernanza en el mediano plazo.
Entonces ¿qué debemos requerir a quienes tomarán la batuta del gobierno en enero próximo? Pues que analicen con honestidad cuál debe ser el rol del sector público en una economía boyante, que actúen en consecuencia y dejen de prometer cosas que no podrán cumplir. Sobre todo, que entiendan que el rol de un gobierno es facilitar al sector privado su desarrollo en libertad y no pretender quedar bien con la clientela que los llevó al poder.
