EL CONTAGIO Y LAS ALARMAS
ESTA ola migratoria revienta en la frontera norteamericana con ribetes estruendosos. El tema más espinoso es el arribo de cientos de menores no acompañados recluidos en refugios poco acondicionados para albergarlos. Según un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), “la Patrulla Fronteriza detiene diariamente en promedio a 5,000 migrantes que han cruzado de manera irregular la frontera desde México”. De esa elevada cifra de arrestos “más de 500 corresponden a menores indocumentados que cruzan la frontera sin la compañía de alguno de sus padres o un tutor legal”. Tal es la magnitud de esta calamidad humana que la Casa Blanca ha encomendado a la vicepresidenta el encargo de lidiar con ella. Tanto en lo que toca a la crisis fronteriza, como a las formas de enfrentar el éxodo migratorio en su raíz. O sea, en los países de origen golpeados por flagelos de inseguridad, de creciente desocupación, pobreza de recursos y otras vulnerabilidades.
La administración anterior le cayó con mano dura a la inmigración. Canceló el programa que amparaba a los “soñadores” y terminó con los TPS. Los países del Triángulo Norte tuvieron que suscribir acuerdos migratorios de cooperación de asilo. Mientras, el gobierno mexicano –bajo amenazas de sanciones arancelarias si no detenían de tajo a los viajeros– convino prestar su territorio como “tercer país seguro”. Ello es, quienes lograran cruzar la frontera serían devueltos a México a esperar la resolución a su solicitud de asilo. Ahora Biden está exigiendo a México honrar ese compromiso suscrito entre AMLO y Trump. Ya días alertamos que la pandemia provocaría un auge migratorio. Si antes de semejante tsunami a la economía y a las finanzas nacionales, la gente se iba por falta de oportunidades, ¿qué no podría suceder ahora con tantas empresas moribundas y cientos de miles de hondureños que han quedado en la calle sin trabajos? En El Salvador la asamblea legislativa acaba de aprobar una normativa que contempla “penas carcelarias por los delitos de tráfico ilegal de personas de ocho a doce años, por el delito de agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el de obstaculización del debido proceso de tres a seis años de prisión”. Contempla la “creación de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) para la investigación del delito y para la coordinación con instituciones homólogas a nivel regional o internacional”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo anunció que vetará la ley.
Según la casa de gobierno, “esa propuesta de ley criminaliza a todos sin distinción”. “Hay verdaderos criminales que sí hay que perseguir, pero generalizar es peligroso e inhumano”. “Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya –justifica Bukele el veto a la ley– pero no podemos seguir criminalizando la migración (…) alguien que secuestra y trafica a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera”. Retomando el tema de la crisis migratoria en la frontera México-Estados Unidos, en mayo del 2019 –durante la administración Trump– fueron detenidas o consideradas inadmisibles para ingresar unas 132,856 personas. De mantenerse la tendencia actual, podría superarse esa cifra. “En su mayoría son menores de edad sin compañía de padre, madre o un custodio legal, que requieren cuidado especial”. A las críticas, Biden, reconociendo que se trata de un fenómeno fundamentalmente humanitario, se ha defendido diciendo que no van a “dejar morir de hambre” a ningún menor indocumentado.
