¿RECUERDAN toda la narrativa del fraude electoral ventilada por el candidato perdedor en los comicios estadounidenses y de su equipo de abogados? Pues ahora deben responder demandas, por montos millonarios, incoadas en los tribunales de justicia. Los perjudicados, víctimas de la propagación de las mentiras, no solo están procediendo judicialmente contra los principales instigadores del desprestigio –acusándolos de difamación– sino que, igual, arrimaron a los juzgados a las “pitoretas” que se prestaron para difundirlas. “Dominion, la empresa tecnológica de votación –utilizada en las recientes elecciones en los Estados Unidos–, está demandando a Fox News por difamación y buscando $1.6 mil millones de compensación por daños”. “En la demanda acusa a Fox de dar tiempo al aire a Powell y Giuliani a pesar de saber que eran mentiras”. “Fox News también enfrenta una demanda de $2.7 mil millones de Smartmatic, otra compañía de tecnología de votación que Giuliani, Powell y otros en la órbita del expresidente Donald Trump difundieron repetidamente mentiras en ondas de radio conservadoras”.
También la empresa ha demandado por un monto de $1.3 billones por daños y perjuicios, a Sidney Powell y a Rudy Giuliani –por calumnias y regar teorías de conspiración– y estudia proceder contra otros que formaron parte del equipo de abogados y presentadores de la cadena informativa que dizque se prestaron para regar las falsedades. Uno de ellos el conocido comentarista Lou Dobbs –fuerte defensor de Trump– quien unas semanas atrás –sin conocerse los pormenores de su cesantía– fue separado del canal. La columnista Mona Charen –artículo publicado en el Chicago Sun Times– aduce: “La Gran Mentira está empezando a desmoronarse”. “Una de las estrellas de la desinformación de Trump, Sidney Powell, está retrocediendo”. “La respuesta que dieron los abogados de Powell fue ‘que sus comentarios eran un discurso político protegido por la Primera Enmienda’”. “Claro –reconoce Powell– hizo una serie de afirmaciones sobre el robo de las elecciones, pero debido a que estaba hablando claramente en un contexto político, sus comentarios deben interpretarse como una exageración política estándar”. “El argumento de la verdad electoral, entonces, –comenta la columnista– es que cualquier afirmación fáctica, sin importar cuán falsa sea, está aislada de las consecuencias de la ley de difamación si está relacionada con la política”. O sea, su defensa pretende ampararse en que “cualquier mentira por motivos políticos está bien”.
Pero Powell, en su defensa, “lleva el absurdo a extremos alucinantes”: “Arguye que ‘ninguna persona razonable concluiría que las declaraciones fueron verdaderamente declaraciones de hechos’”. Continúa opinando la columnista: “Eso es todo. La gran mentira que ha envenenado nuestra política e inspirado un ataque al Capitolio y aspira a convertirse en el íncubo del extremismo y la violencia –alega la difamadora– fue una sentina tan absurda que ‘ninguna persona razonable lo creería’”. “Por supuesto –prosigue la autora del artículo– millones de estadounidenses lo creyeron y lo creen”. “La turba enloquecida que irrumpió en el Capitolio creyó cada palabra”. “Las encuestas han encontrado que entre dos tercios y tres cuartos de los republicanos creen que la elección fue fraudulenta”. En otras palabras, lo que dice ahora en su defensa la imputada –que anduvo semanas propagando falsedades sobre “la elección fraudulenta que se robaron los demócratas”– es: “Fue solo una conjetura”. “Ninguna persona razonable concluiría que esas acusaciones son verdaderas declaraciones de hechos”. “Además, en las discusiones políticas acaloradas, la gente tiende a exagerar”. (Pues bien, allí tiene el amable público un resumen de lo que, en otro país, donde se respetan las leyes, puede sucederle a los que mienten. Aquí, como este es otro mundo, las víctimas no demandan a los calumniadores por no darles niveles de importancia que no tienen. O bien porque calculan lo extenuante que resulta irse a meter en esa zarza judicial, cuando muchas de la demandas –tengan o no sustento legal– no prosperan. O si se tramitan, tardan años en resolver. Así que los delitos quedan impunes. Hasta que haya quien o quienes –por el bien de la sociedad– decidan, como hacen allá en los Estados Unidos, arrimar difamadores a los tribunales).
