Rafael Delgado
Tony Hernández, exdiputado del Partido Nacional, hermano del gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, fue condenado por un tribunal de los Estado Unidos. Al igual que el caso del hijo del expresidente Pepe Lobo, condenado hace un par de años por conspirar para traficar con drogas, es un caso que revela mucho sobre la salud de la institucionalidad pública y de los políticos en Honduras. En el tribunal de Nueva York quedó constancia no solamente que el país sigue siendo base de operaciones para esas actividades que han traído muerte y dolor a los hondureños, sino que el narcotráfico en todas sus manifestaciones directas e indirectas llegó hasta las posiciones más altas del poder político del país.
Al final de este juicio queda un mal sabor. Todo indica que no se tratan de casos aislados, sino de una trama muy bien estructurada que ha logrado operar al amparo del poder político y de ciertos grupos económicos, degenerando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a la justicia y a los cuerpos de seguridad para mencionar algunos. Que altos jerarcas de la Policía o de las Fuerzas Armadas, supeditados constitucionalmente a la protección de los ciudadanos y el país, sean acusados como narcotraficantes enciende las alarmas. Que diputados, alcaldes y precandidatos a la Presidencia hayan sido acusados y condenados por narcotráfico u otras actividades y la justicia hondureña no haya hecho nada guardando silencio es indicativo de la captura de la institucionalidad. Además, pareciera que el juicio de Tony Hernández podría ser solamente un capítulo de peores cosas que podrían ventilarse próximamente y que continuarán confirmando lo que cualquier hondureño medianamente informado sabe sobre la podredumbre.
La institucionalidad infiltrada por el crimen no puede funcionar al servicio del ciudadano. Todos los mecanismos que contempla la democracia, desde los procesos electorales hasta el ejercicio del poder a través del constitucionalismo podrán seguir operando, pero controlados para otros fines. Todo termina funcionando para los caprichos del poder corrupto y para los intereses del crimen que nunca podrán estar en consonancia con los intereses generales de un país.
En definitiva, nos deja preocupados saber además, que esto no cae como un rayo en un cielo despejado. Todo lo contrario. Oscuros nubarrones advirtieron durante años sobre lo que estaba ocurriendo. Pero las denuncias desde diferentes ángulos de la sociedad quedaron simplemente en eso. A la luz de los juicios de Nueva York, hoy nos damos cuenta de que en efecto nada importante se pudo hacer para pararlo. Las fortunas al amparo del crimen prosperaron, políticos financiados por el narcotráfico y participantes en el lavado de activos ascendieron a posiciones claves con la ingenuidad del votante y con el poder del dinero sucio que todo contamina. Cualquier tímido intento de hacer algo en contra de ese mal fue neutralizado abiertamente y desde las más altas instancias del poder.
Para aquellos que todavía puedan creer que esto es solamente un asunto de los políticos o de un solo partido político, caen en un tremendo error. Instituciones públicas cooptadas por intereses que no son legítimos crean las condiciones para más pobreza y más desigualdad; destruyen las condiciones para negocios prósperos y para el emprendimiento. Por ello, ahora cuando en medio de la pandemia se habla de la recuperación económica, es cuando más se encuentra en precario un nuevo comienzo ante la ausencia de una institucionalidad, operando sobre bases sólidas y sanas.
Ha llegado por ello la hora para que se estructuren las alianzas cívicas y electorales que agrupen a los hondureños que estamos en contra de que Honduras siga siendo un narcoestado. Es la hora de los sectores sociales sin compromisos con la ilegalidad, sin señalamientos por corrupción y con verdadera vocación democrática de poner sobre cualquier consideración particular los intereses del país para estructurar una alianza con el único objetivo de redirigir nuestro destino.
