Esta semana los obreros y empresarios regresan a la mesa del salario mínimo luego de una pausa por el feriado veraniego, pero las posiciones continúan distantes y cada día que pasa se acerca la posibilidad que el ajuste salarial sea fijado por el gobierno.
Desde enero, ambos sectores vienen negociando el ajuste, sin llegar a un consenso hasta ahora, en tanto que la Secretaría de Trabajo acompaña las conversaciones tripartitas a la espera de que alcancen un acuerdo antes del 30 de este mes.
La reunión podría ser “probablemente el viernes”, expresó el negociador del sector empresarial, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina.
La propuesta de los empresarios es que no exista un incremento para la micro y pequeña empresa; 1 por ciento, para la mediana empresa; 4 por ciento para la gran empresa, pero que el nuevo ajuste entre en vigencia a partir de julio de este año, desglosó Medina.
Pero el punto de los obreros es que el aumento debe ser entre 4 y 6 por ciento en base a la inflación y productividad del año anterior, dijo aparte, el asesor de las centrales obreras, Héctor Díaz.
También que debe ser retroactivo a partir de enero, además, que “no es cierto que todas las empresas experimentaron pérdidas”, ya que este año empezaron a mejorar las recaudaciones tributarias, contrastó.
“En plena pandemia vimos empresas que aumentaron sus ventas virtuales, sus volúmenes de producción”. Díaz afirmó que “si al 30 de abril no hay una resolución, por lo tanto, es probable que de no haber este mes una solución sería el gobierno el que tendría que tomar la resolución”.
El sector obrero también esgrime la tesis que en una situación de crisis económica como la actual, un incremento salarial vendría a ser como una medida anticíclica que reactivaría el consumo poniendo más efectivo en manos de los trabajadores.
El argumento anterior está fuera de foco apuntó el gerente de Asesoría Legal de la cúpula privada, Gustavo Solórzano. “Puede ser una medida expansiva para uno de diez hondureños, el problema es qué pasa con los otros nueve que no. El problema en Honduras es de generación de empleo”, consideró Solórzano.
En este contexto, el empresario Jorge Abudoj dijo que como sector temen que sea el gobierno que fije el ajuste salarial, ya que está el recuerdo del aumento del 60 por ciento que aplicó, con fines políticos, Manuel Zelaya en mayo de 2009.
Abudoj aseguró que en ese entonces hubo pérdida masiva de empleos porque, las empresas tuvieron que despedir personal porque no pudieron sostener el incremento en todas las planillas de obreros. (JB)
