Fernando Berríos
VERTICE
Esta práctica, de alegar fraude para justificar una derrota o peor aún, la incapacidad de conformar un movimiento político sólido, bien estructurado y organizado, es cada vez más común en los países latinoamericanos.
Y es tan popular que inclusive la vimos en el pasado proceso electoral estadounidense, donde un Donald Trump desesperado, recurrió a esos argumentos pero sin aportar una tan sola prueba que demostrara que en efecto era él y no Joe Biden el ganador.
Nos llamó mucho la atención que la narrativa del fraude se asomara de tal forma en Estados Unidos, quien se ufana de tener una de las democracias más perfectas del mundo y uno de los sistemas electorales más complicados, pero a la vez infalibles.
La narrativa del fraude es eso, una narrativa que se comienza a construir incluso, desde antes de las elecciones, cuando determinado candidato o movimiento tiene los suficientes análisis científicos que anticipan una eventual derrota.
La narrativa del fraude la hemos visto en los dos últimos procesos generales de Honduras y ahora también en las elecciones primarias realizadas con un buen suceso (más de 2.5 millones de hondureños en las urnas) el pasado 14 de marzo.
En las elecciones de 2013, ni Salvador Nasralla (PAC), ni Mauricio Villeda (PL), ni Xiomara Castro (Libre), aceptaron el triunfo de Juan Orlando Hernández Alvarado y en su lugar, denunciaron fraude, aunque el mismo no fue probado.
En el proceso electoral de 2017, ni Salvador Nasralla (en alianza con Libre), ni Luis Zelaya (PL) aceptaron la derrota y en su lugar, denunciaron un fraude que conllevó a un escrutinio especial de actas y reconteo de votos, generando más bien un resultado superior para el candidato nacionalista.
Estos escrutinios especiales se hicieron en presencia de observadores internacionales y de las dos misiones de observación electoral, quienes en sus informes finales no validaron alguna inconsistencia capaz de cambiar el resultado final. A mediados de diciembre de 2017, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró oficialmente a los ganadores, atizando así una crisis política que necesitó de la mediación de la ONU.
El 2018 fue año de mucha crispación político y aunque se mantuvo a los principales actores políticos sentados en una mesa de diálogo político, no se logró que alguno de los acuerdos fuera vinculante.
Se alcanzaron 169 acuerdos que quedaron a merced de la voluntad de los políticos de turno, sin obligatoriedad ni tiempos para su implementación. La reelección y una posible consulta popular, así como una amnistía para los involucrados en la violencia postelectoral quedaron en el tapete de la discusión.
Los mediadores del diálogo afirmaron en reiteradas ocasiones, que estas propuestas bien podían servir como una hoja de ruta para modernizar muchas áreas de la vida política del país y asegurar tranquilidad en las elecciones.
El tiempo transcurrió y lo que se pudo observar fue un nivel impresionante de improvisación en los organismos electorales. Para el caso, el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), tomando decisiones abruptas a escasos días de las primarias y sin el debido consenso.
El Registro Nacional de las Personas (RNP) enfrentando duros cuestionamientos por las innumerables inconsistencias en el proceso de enrolamiento y la incapacidad de entregar las nuevas tarjetas de identidad.
El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sigue sin tener un reglamento que regule la ley que lo rige, por lo que se anticipa un enorme desastre para las elecciones generales de noviembre próximo.
Esta es la realidad institucional en el pasado proceso electoral, pero hay otra realidad y es que los responsables del proceso electoral interno o primario son los mismos partidos políticos.
Son ellos los que integran las mesas electorales receptoras, ellos cuentan los votos, ellos llenan las actas. El CNE, en este caso, actúa como un árbitro y es quien, con una especie de VAR (como en el fútbol) puede detener la jugada para revisar si hubo o no hubo una falta.
Los resultados a nivel presidencial parecen ser ya inobjetables, sobre todo en el Partido Liberal, donde hubo más controversia. Yani Rosenthal (337,009) sobrepasa por más de 100,000 votos a Luis Zelaya, quien ocupa el segundo lugar con 232,243 sufragios.
Hay una tendencia a creer que los fraudes electorales se gestan en las actas. El fraude puede iniciar desde que se impide a un miembro de MER desempeñar su función (por amenazas o intimidación). También hay movimientos que compran la voluntad del representante del movimiento adverso (pagos con dinero). También está la infiltración, la cual ocurre desde meses antes. Un movimiento cree tener a sus representantes cuando en realidad, estos pertenecen al rival.
Anular los votos del candidato rival (les colocan doble marca) o llenar los votos blancos (la marca la pone un representante de la MER), la compra de votos, el acarreo de votantes, el cambio de las reglas del juego, las amenazas con violencia, la estigmatización del elector que simpatiza por un partido, todas son formas de fraude.
Las narrativas del fraude dañan la democracia, por lo que preocupa que estas sean cada vez más recurrentes en candidatos que no aceptan nada que no sea una victoria. Aquí es donde la institucionalidad debe ser fuerte y confiable, porque esta práctica no terminará.
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