El Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla, expresó que “cualquier acto de corrupción es condenable, reprochable y censurable, pero los cometidos en el marco de la pandemia, creo que rebasan más allá de la indignación que todos los hondureños pueden tener”.
Lo anterior lo detalló tras presentarse el tercer requerimiento fiscal relacionado a los actos de corrupción cometidos en la adquisición de los siete hospitales móviles, comprados de contado, sin contar con los insumos necesarios para el combate del COVID-19 y los cuales ninguno se encuentra en funcionamiento.
Chinchilla detalló que para este caso de corrupción “el Ministerio Público conformó un equipo con profesionales con reconocida capacidad y trayectoria en materia judicial, fiscal y académica, muchos de ellos con reconocimientos dentro y fuera del país”.
“Esto significó que hoy se haya concluido con una investigación seria, responsable, rigurosa, y muy minuciosa que se traduce al día de hoy, en la presentación de un requerimiento con la detención de dos de los acusados haciendo uso de las facultades que la normativa procesal da al Ministerio Público en el denominado caso de la compra de los Hospitales Móviles”.
“La acción es presentada por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, y dos delitos de fraude, como se demostrará compras hechas al margen de lo que establece la Ley según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad, cumplimiento, de mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, y sin observar la garantía de pago anticipado”, precisó Chinchilla.
El titular de la Fiscalía continuó que “no obstante, ello se pagó el 100 por ciento de lo que esta compra representaba, por otro lado, los informes biomédicos son contundentes, el equipo médico no solo está sobrevalorado, sino que no cumplen la función de poder ser útil para atender pacientes de COVID-19”.
“Porque tiene problemas de diseño, problemas de equipamiento, porque el equipo es vencido, usado, y alguno incluso en mal estado o disfuncional, lo que denota que el fabricante, no tenía la capacidad ni técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales”.
Por lo tanto, “el Ministerio Público hoy estará pidiendo detención judicial de los acusados y en la audiencia inicial solicitaremos se aplique la medida de prisión preventiva, uno porque se trata de un nuevo proceso contra los mismos imputados que ya tenían anteriores acciones, segundo por el eminente peligro de fuga, ante la gravedad de las penas que ahora se les deberá de imponer”.
“Y tercero por el peligro de obstaculización de las investigaciones, ya que las diligencias investigativas continúan para tratar de llegar lo más pronto posible a llevar a los juzgados a más personas que contribuyeron en la construcción de este entramado que ha permitido que el Estado de Honduras esté viendo afectado su patrimonio de aproximadamente 1,200 millones de lempiras”.
“Recursos que definitivamente en este momento deberían de estar sirviendo a evitar más muertes en las familias hondureñas, más tensión de eventuales contagios que la población está sintiendo o con los que eventualmente se pudo haber vacunado a millones de hondureños”.
“Es fundamental que la población confié que el Ministerio Público que este pendiente del trabajo que se esté realizando porque todo proceso penal inicia con las investigaciones que hacen policías, detectives y agentes, eventualmente con la presentación oportuna y correcta de los requerimientos fiscales”.
“Pero para que exista una tutela judicial efectiva, esto debe de finalizar con una condena ejemplar a quienes han infringido la Ley, porque solo de esta forma vamos a construir un Estado de Derecho que garantice a todos los ciudadanos que estamos en una sociedad incluyente, donde la riqueza que el país genera se distribuya equitativamente y donde pueda existir generación de empleo productivo y reducción objetiva de la pobreza. (XM)
