Adiós 2020
Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Por una de esas cosas absurdas de la vida y debido a la ineficiencia física de mi organismo, atacado por una voraz diabetes que me tiene ciego y amputado de la pierna derecha, literalmente volé en mi silla de ruedas aterrizando aparatosamente desde una altura de metro y medio dando con la frente en el piso y cayendo sobre mi brazo derecho con el resto de mi cuerpo y parte de la silla, lo que me partió el radio en varios pedazos y en sentido diagonal.
Lo peor del caso es que el daño recibido a mis huesos del antebrazo es del lado donde está una fistula por la que se me realiza hemodiálisis durante cuatro horas tres veces por semana (martes, jueves y sábado).
Como el accidente fue el sábado poco antes de hacerme la hemodiálisis, previamente mis familiares me llevaron a un centro privado para hacerme una radiografía y donde dijeron que no podían ayudarme más porque reflejaba que necesitaba una cirugía, de ahí fuimos a la emergencia de ortopedia del Seguro Social donde un especialista determinó ponerme una férula, un vendaje y mandarme a hacer la diálisis correspondiente, determinando además que debía internarme para cirugía el lunes o el martes con algunos calmantes para los dolores intensos.
Estuve interno sábado, domingo, lunes y martes con todas las dificultades que produce el no poder utilizar mi mano dominante, necesitando del auxilio de mi esposa y de mis hijos para movilizarme a los sanitarios, a la cama e incluso para ingerir los alimentos, que dicho sea de paso son de buena factura, calidad y abundancia.
Tras la evaluación de un internista y una anestesióloga el jefe de Ortopedia me dio el alta y me dijo que no podía operar porque si me ponía una platina se me podía infectar la fistula y que iba a dejarme con la férula que me había puesto para ver si el hueso se pegaba, pero que la mano no iba a quedar igual.
Eso llevó a mis hijos a buscar una segunda opinión en una clínica privada donde el ortopeda me alineó la mano comentando que la férula que me habían puesto en el Seguro estaba mal puesta, poniéndome otra y mandándome a movilizar los dedos que estaban como adormecidos por tener un nervio comprimido e inflamado, e incluso cambiándome los sedantes porque los que me recetaron producen más daño renal adicional al que ya tengo.
Para hoy en que se publica este artículo ya tengo los costos de la operación que bien pudo haberse hecho en el Instituto Hondureño de Seguridad Social que no es de gratis tampoco, pero que no existía la voluntad de los especialistas en hacer un esfuerzo de darme calidad en la asistencia, algo en lo que insistió el ortopeda privado, que aceptó hacer la cirugía sin temor a la fistula. Ahora todo depende de la capacidad económica que pueda yo reunir para corregir los efectos de este feo accidente.
En la sala de ortopedia del IHSS habíamos 40 personas internas con diversas afecciones y todas ellas atendidas nada más por dos enfermeras y tres visitas de los especialistas al día, sufriendo todos dificultades para ir a los sanitarios que son además casi pegados al piso sin ningún tubo u otra facilidad para poder sentarse o pararse suavemente, necesitando a veces hasta dos personas para poder ayudarlo o limpiarlo en la cama al hacer sus necesidades en los pañales que les colocan.
Todo mundo en hemodiálisis está asombrado de la negativa a la cirugía que se había programado, que obligó a mi internamiento en una sala de ortopedia ubicada en una segunda planta donde antes funcionaban clínicas, pero por ser el hospital de La Granja del IHSS una unidad para COVID-19, varias de las especialidades pasaron al Barrio Abajo y la de ortopedia se quedó en la segunda planta en un edificio donde no hay una tan sola rampa para subir o bajar camillas o sillas de ruedas y se depende de dos ascensores a los que hay que estar gritando por el hueco de los mismos “paciente en número tal” y depende el traslado del mismo de que no hayan muchos usuarios utilizándolo.
A todos estos problemas hay que agregar el disgusto del personal médico y de enfermería porque se les ha quitado el derecho de alimentación y transporte a partir de diciembre del año 2019 y porque la mayoría está por contrato cada tres meses, algunos de ellos desde hace 15 años y no se hace realidad el Decreto Presidencial en Consejo de Ministros de que todo el personal de salud en funciones iba a recibir su acuerdo para una plaza fija y ni siquiera los que están de frente a la pandemia de la COVID-19 han recibido ese beneficio.
En el Seguro Social se está trabajando casi con las uñas pues no hay medicamentos genéricos y mucho menos especializados y los médicos dan recetas y piden los insumos a los familiares de los internados para medio paliar los males que los aquejan.
Muchos de los insumos requeridos para un tratamiento eficaz tienen costos altísimos, aparte de que el Seguro no cubre los gastos efectuados por los familiares por la falta de fármacos en sus almacenes, donde dicho sea de paso el personal que atiende las ventanillas se inventan protocolos y normas absurdas para la entrega de lo poco que hay, que a veces no puede ser reclamado por el propio paciente sino por uno de sus familiares quien debe presentar su tarjeta de identidad original y fotocopia de la misma, lo mismo que la del paciente y una autorización por escrito del mismo y a veces hasta discuten las recetas expedidas por los médicos… Así estamos de jodidos.
