Joe Biden 100/100: Prospectiva en el Triángulo Norte
Por: Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
A casi cien días de haber tomado posesión el actual presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Robinette Biden (Joe Baiden), sus acciones demuestran en un 100% integridad con sus convicciones sobre que “los desafíos que nos aguardan son enormes. Pero sí existe voluntad política, no hay razón para que Centroamérica no pueda convertirse en la próxima gran historia de éxito del hemisferio occidental”.
Y es que su plan millonario de ayudas a Centroamérica estará supeditado a la lucha anticorrupción, pues para él, “la corrupción es solo otra forma de tiranía”. En ese sentido su política exterior para el hemisferio se ve transversalizada por la recuperación de la garantía, satisfacción y protección de los derechos humanos de las mayorías, lo cual ocasionaría a mediano y largo plazo una disminución de los factores de expulsión de nacionales que emigran masiva e irregularmente hacia Estados Unidos de América por causas estructurales como la falta de cumplimiento de la seguridad humana de su ciudadanía.
Al respecto y con fines educativos, en la nueva definición de seguridad humana el contexto de esta ya no es el Estado nacional, como tradicionalmente se hacía, sino más bien las personas. Desde esta perspectiva, lo que importa en términos de la seguridad no es tanto que los estados y las sociedades se preocupen por garantizar las condiciones para la paz, en función de una amenaza externa, sino que se garanticen las condiciones mínimas para que las personas tengan y se sientan seguras al interno de sus sociedades (factores de retención).
También seguridad humana, la contiene definida el lineamiento estratégico de seguridad humana de la primera política pública de derechos humanos de Honduras, aún vigente, por cierto, definiéndola como la necesidad “de evitar amenazas tales como la enfermedad, el hambre, el desempleo, el crimen, el conflicto social, la represión política y los riesgos ambientales”. Significa crear las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir y desarrollarse en circunstancias acordes con su dignidad intrínseca y asegurar un nivel de vida adecuado.
Como antecedente en este tema, Honduras en el devenir histórico se ha enfrentado a la pérdida de seguridad humana como un proceso lento y silencioso, acelerado por emergencias abruptas y estrepitosas (Covid-19, huracanes Eta e Iota), que disminuyeron la capacidad de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y han socavado la “cultura de confianza” muy disminuida por todo lo acontecido. http://cidbimena.desastres.hn/docum/bimena/IDH-Honduras/1999/
Todo garante, debe prevenir, implementar y responder eficiente y eficazmente ante la ciudadanía, como así lo manda la ley y hacerlo de la mano con sociedad civil y la cooperación internacional. Pero finalmente la responsabilidad siempre incumbe a todos los seres humanos, “los pensantes”, que, por las malas opciones normativas en su gestión del riesgo, sumada a las fuerzas de la naturaleza, ocasionaron una degradación ambiental y una tragedia humana. ¿Será, que es difícil hacer el bien cuando se está en el poder público?
Consecuentemente a lo descrito, es pertinente destacar en prospectiva, el impacto que sobre seguridad humana tendrían las políticas de ayuda externa del actual gobierno estadounidense, enfocadas en la lucha contra la corrupción, ya que desde Washington se vaticina la inversión de cuatro mil millones de dólares con ayudas directas de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Sostenible (ONGDS), que por supuesto gocen de trayectoria impecable, credibilidad social y transparencia en el manejo de fondos.
A cien días de gobierno, Biden, encontró un escenario socioeconómico complejizado por la covid-19 y agravado por el fenómeno migratorio irregular potenciado desde el Triángulo Norte, ya que según las agencias fronterizas reportaron la aprehensión de cien mil cuatrocientos (100,400) migrantes (El País.com); aún así, él sigue creyendo que la solución a la migración irregular pasa por mejorar las condiciones de vida de los migrantes en sus países de origen. Lo cual es a la luz de los derechos humanos la solución estructural a la desigualdad social y el fenómeno migratorio como consecuencia de esta.
Claramente, asumir estos desafíos, requiere de madurez y sobre todo de voluntad política para preponderar ante cualquier circunstancia a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado democrático y de derecho, generando el fortalecimiento de la garantía de derechos fundamentales y la realización de una historia aún no vista pero anhelada por las mayorías en el hemisferio. Finalmente, los gobiernos deben apuntar a condicionar la realización de los derechos humanos de sus ciudadanías, que deben transitar del “sueño americano” al “sueño centroamericano”, como consecuencia del eficiente funcionamiento del sistema económico y de derecho existente.
