Infraestructura resiliente ante desastres
Por: Álvaro Sarmiento
El sector empresarial nacional representado por el Cohep recientemente ha pactado un acuerdo de integridad y transparencia para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 con el Consejo Nacional Anticorrupción. Con independencia de la dinámica o resultados del mecanismo COVAX y de las presiones que están ejerciendo muchos países para comprar las vacunas en un mercado donde la oferta está siendo estrangulada por limitaciones impuestas por gobiernos a exportaciones (India, Italia, etc.), lo que complica la importación de la vacuna, es claro que el sector empresarial ha tomado y concretado una iniciativa que se ha visto en pocos países de la región.
Esta iniciativa puede transmitir varios mensajes, tal vez el más elocuente es que para reactivar la recuperación no se puede esperar a la velocidad o mecanismo de distribución que ya se tiene prevista para toda la población. Por otro, es que el sector ha priorizado sus esfuerzo y recursos en la fuerza de trabajo, en sus empleados. Por otro lado, muchas de las empresas que ya cotizan al Seguro Social, van a pagar directamente por las vacunas, lo que se podría considerar duplicidad de pago.
Esta experiencia específica, puede servir para aprender lecciones, mecanismos, etc., y en algún momento apoyar para transparentar y hacer mucho más eficiente las compras y contrataciones gubernamentales. Es importante recordar que una de las principales fuentes de corrupción gubernamental, está concentrada precisamente en las compras y contrataciones gubernamentales. Si bien es cierto el reciente mensaje de un conocido candidato presidencial es el de buscar para una alianza a hondureños probos, honrados, no señalados por corrupción, narcotráfico, etc., deseo que comparto totalmente y espero que sea una realidad en el corto plazo, es fundamental modificar el sistema (de compras) para limitar los alicientes que corrompen hasta al más puro. Fortalecer los mecanismos de transparencia, en una palabra, si quiere limitar la corrupción, limite el gasto público a lo mínimo necesario para cumplir con su deber básico.
El enfoque de la Escuela del Opción Pública (Public Choice) desmitifica buena parte de estos grandes deseos de lucha (generalmente ineficiente) de luchar contra la corrupción. Ya regresaré sobre este tema en próximas columnas ya que el efecto económico/social del narcotráfico puede ser similar al secuestro del presupuesto gubernamental por sindicatos, o empresas gubernamentales que son eternamente ineficientes.
Otro tema relacionado con el Convenio antes mencionad es la propuesta de uno de sus agremiados, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, solicitando eliminar el pago del 1% sobre el Activo Neto para los períodos fiscales 2020 y 2021 para empresas que operaron con pérdida. Si bien es cierto el sentido común indica que la recuperación económica en crisis requiere quitar presión fiscal sobre las empresas, para que puedan cumplir con el pago de deudas, contratar más empleados, etc., está en contraposición al déficit fiscal. Es el famoso dilema del corto plazo vrs. largo plazo.
Reciente análisis del Banco Mundial (Unmasking the Impacto of COVID -19 on Bussinesses), “basado en encuestas a 120,000 empresas en mas de 60 países, en general las ventas cayeron un 27% entre octubre 2020 y enero del presente año, después de hundirse un 45% de abril a septiembre. El 25% de las empresas más afectadas registró una caída en ventas del 72%. Al análisis también muestra que las empresas pequeñas sufren mucho más”. Sería interesante que el Congreso Nacional sopese estos datos globales para considerar esta solicitud.
