Sonia Marlina Dubón Villeda
Defensora de derechos humanos, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Con la reinserción social termina la pena
Yani Rosenthal Hidalgo, fue ministro de la Presidencia en el gobierno del Poder Ciudadano, tuvimos la oportunidad de conocer de su capacidad, de su compromiso social, compartimos aspiraciones para la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más humana, muchas de las políticas de Estado que se implementaron les afectaban como banqueros, Yani apoyó llevar adelante importantes acciones de contenido social y humano como la reducción de los intereses bancarios, el subsidio de los combustibles, el incremento al salario mínimo, el rescate de las empresas públicas, la protección de los bosques y la minería entre otros.
Hoy, Yani es atacado despiadadamente por haber purgado una pena en EUA por transar con bienes de procedencia ilegítima. Con total responsabilidad aceptó su culpa, fue condenado y cumplió su pena. ¿Cabe preguntarnos: ¿quedó marcado para siempre? pende sobre su pecho una letra escarlata para la eternidad? ¿Llevará sobre su espalda un señalamiento de manera perpetua?, ¿será un paria, un infectado, un marginado o tendrá posibilidad de reintegrarse a la sociedad? Las más elaboradas teorías del derecho penal señalan que la pena es la sanción aplicable a quien viola una norma jurídica prohibitiva, es decir, es un castigo que pretende que el condenado retribuya a la sociedad por el error cometido y al mismo tiempo intenta insertarlo, -con todos sus derechos ciudadanos-, al ámbito social del que se le separó. Esta misma posición se plasma en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, el que ha cumplido su pena debe contar con las posibilidades que le permitan reintegrarse plenamente a la sociedad con todos sus derechos, pensar lo contrario nos devuelve a la etapa primitiva de negación absoluta de los derechos humanos fundamentales, donde los prejuicios condenaban a los seres humanos a llevar sobre sus espaldas una condena perpetua.
Mientras tanto, la impunidad ha adquirido carta de ciudadania en Honduras, el Ministerio Público guarda silencio, aún y cuando los medios de prensa y los tribunales de justicia internacionales nos describen como un narcoestado. Aquí todos y todas hemos sido testigos que el narcotráfico controla la institucionalidad; son muchos los señalamientos a funcionarios de gobierno, operadores de justicia, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, por haber participado en la narcoactividad o haber vendido impunidad a los carteles de la droga. Los tentáculos del narcotráfico no solo corroyeron las instituciones públicas, se enquistó también en el sector privado, muchos empresarios se dedicaron al lavado de activos, al testaferrato, o a realizar negocios con bienes provenientes del narco. Puede asegurarse que casi todos los bancos del sistema financiero nacional recibieron dinero y negociaron con bienes del narcotráfico, -actividad que constituye el sustento económico del narcoestado- sin embargo, por razones desconocidas, solo el Grupo Continental propiedad de la familia Rosenthal fue acusado por realizar operaciones de este tipo.
Se hace importante puntualizar que Yani Rosenthal Hidalgo, no fue declarado culpable de narcotráfico, tampoco de lavado de activos, ¿cuál fue entonces su condena? Se le condenó por: transar con bienes de procedencia ilegítima. (Sección 1957 del Código Penal Federal de EUA), Yani Rosenthal pagó con creces su pena y su deuda con la sociedad, pues aprovechándose de su situación, el dictador y sus socios se apropiaron y se repartieron de manera fraudulenta sus bienes y los de su familia, bienes producto no del narcotráfico, sino del trabajo de tres generaciones.
No podemos negar que Yani fue una víctima más del sicariato judicial, del escarnio y persecución, ello por no formar parte de la mafia que se ha adueñado y ha vendido a pedazos y a retazos el país entero.
Dándose baños de pureza, muchos tiran la primera piedra, y lo condenan a perpetuidad, se olvidan del derecho fundamental de todo ser humano: reinsertarse plenamente a la sociedad después de cumplida una pena, muchos de los que apedrean al árbol caído, agachan la cabeza y aplauden a los poderosos que gozan de impunidad absoluta en Honduras, los mismos que han causado tanto daño y vergüenza al país.
Tener fobia en contra de alguien que cumplió una pena, es un prejuicio, una discriminación que atenta contra los derechos fundamentales de todo ser humano. Como sociedad debemos luchar y trabajar para que quien cumple su pena se reintegre a la vida ciudadana, con plenos derechos, incluidos sus derechos políticos. En Honduras, un país sin ley, donde campea la impunidad, y donde la corrupción y el narcotráfico controlan las más altas esferas del Estado, se condena de manera perpetua y selectiva a un ciudadano que aceptó su culpa y cumplió su condena, y que pretende hoy recuperar todo lo que perdió, su familia, sus bienes, el país que nos han arrebatado a todos, pero sobre todo su dignidad como ser humano.
