Rafael Delgado Elvir
Las lluvias inusuales de las semanas anteriores en el Valle de Sula revivieron entre la población de las zonas inundables la angustia de hace apenas cinco meses. Las reacciones fueron inmediatas de los habitantes, señalando que, pese a la magnitud de los daños, no se había hecho nada importante después de los huracanes para remediar el problema. Indudablemente que, si en 20 años las autoridades del país no hicieron nada sustancial para proteger a la población, mucho menos podrán en un par de meses lograr una solución. Eso nos conduce a constatar que esos son precisamente los costos que pagan los ciudadanos por un problema que fue creciendo y creciendo sin ser atendido debidamente. Ahora, en el marco de un gobierno con sobradas muestras de agotamiento, toma dimensiones que requieren de monumentales esfuerzos de varios años para su solución.
La solución verdadera a la vulnerabilidad de las zonas bajas del Valle de Sula es integral y las medidas para lograrla empiezan lejos del lugar. En las zonas montañosas de las cuencas de los ríos Ulúa y Chamelecón se crean las condiciones del desastre aguas abajo. Pero en el país no se ha querido abordar ese lado del problema, ignorando que los abusos que se cometen en contra de los recursos naturales, en las montañas, en sus laderas y en los pequeños valles del interior del país contribuyen en gran medida a la tragedia del valle. Toda esta problemática está investigada y documentada demostrando cómo las prácticas destructivas en la agricultura, la ganadería, silvicultura, así como en la construcción contribuyen a que el agua en las zonas altas corra en mayores cantidades y a mayor velocidad, iniciándose un proceso acumulativo que logra proporciones que ya vimos con Eta e Iota.
Desde allá arriba en las montañas se debe comenzar fomentando que tanto el gran productor como el pequeño no quemen los suelos, que no talen los bosques desenfrenadamente, que no cultiven con prácticas inadecuadas las laderas, que se protejan todas las microcuencas. Todas las inversiones, por muy pequeñas que sean en esas zonas, deben llevar necesariamente el enfoque de sostenibilidad apuntando a prácticas rentables, pero que no socaven las bases del futuro de todos. Para los que aún tienen dudas hay que enfatizar que en esto no caminaremos por caminos experimentales ya que en el mundo existen suficientes experiencias maduras que demuestran que al final tanto para las empresas como para sus habitantes resulta un camino de mucho provecho.
Todo esto pasa además por acciones en el campo educativo. En el país debemos crear un sistema educativo congruente con las circunstancias y los recursos locales. Es necesario crear, en un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, las escuelas técnicas y los técnicos-instructores en las comunidades del país que formen a los futuros productores en el uso de los recursos que abundan y que son promisorios bajo el paradigma de la sostenibilidad. No es posible que en zonas con vocación agrícola existan escuelas que enseñen muchas cosas, pero que no tengan expertos y programas líderes en agricultura. Esto incluye además acciones para fortalecer los gobiernos locales y las instituciones representativas de las localidades en su capacidad para gobernar y producir de acuerdo a los lineamientos del desarrollo sostenible.
La discusión reciente en el país se ha centrado en las obras de concreto, en los contratos multimillonarios que en el mejor de los casos son parte de la solución y en el peor de los casos una excusa más para meterle el diente al presupuesto público. Indudablemente que también hay que hacer represas, dragar los ríos y fortalecer los bordos del valle. Pero seguramente esto servirá muy poco si arriba en la montaña seguimos haciendo lo mismo, generando las condiciones para que las lluvias o las sequías se ensañen cada vez más en la población más vulnerable.
