Gobierno nombra nueva interventora en Inprema

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30 de abril de 2021
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05:00 am
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Gobierno nombra nueva interventora en Inprema

La nueva intervención del Inprema durará seis meses, según el decreto ejecutivo.

Atendiendo los reclamos permanentes del sector magisterial, el Presidente Juan Orlando Hernández nombró una nueva comisión interventora en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) para que en seis meses rinda un informe sobre la situación administrativa y financiera de la institución.

Conforme a un decreto publicado el pasado miércoles en el diario oficial La Gaceta, esta nueva comisión sustituye a una similar que se hizo cargo de la institución en el 2013.

Además de los actuales administradores, conocido como Directorio de Especialistas, quedan suspendidos de su ejercicio la Asamblea de Participantes y Aportantes, el auditor interno, el gerente administrativo, la gerencia de recursos humanos, y la dirección legal.

Los nuevos interventores, cuyos nombres (tres) aún no han sido oficializados, han sido facultados para “la suspención de personal, terminación de contratos de trabajo o revocación de acuerdos de personal que no se considere necesario”, según el decreto firmado en Consejo de Ministros.

NO ALCANZARON LAS METAS

El mandatario considera que a la fecha, los resultados que produjeron la intervención del 2013, con las cuales se aplicaron una serie de ajustes a las aportaciones y cotizaciones, “no son palpables, lo que ha generado reclamos permanentes del sector magisterial”, al mismo tiempo, la institución sigue “operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, ingobernabilidad y ocasionando un fuerte impacto a las finanzas de la institución”.

El decreto también recalca que “en los últimos años las inversiones del Inprema no han alcalzado las metas deseadas por falta de una gerencia asertiva y visión de nichos de inversiones a largo plazo, mismas que deben generar la rentabilidad que el Instituto necesita para garantizar los beneficios al magisterio hondureño y su permanencia en el tiempo”.

El tiempo de intervención podrá ser ampliado por el Presidente de la Républica y los interventores serán asesorados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dice el decreto, que también deducirá responsabilidades a las que haya lugar, a la luz del informe de los nuevos administradores.

La comisión tiene como misión expresa realizar un diagnóstico de los diferentes procesos, áreas y departamentos, presentar un plan de inversión, lograr la estabilidad financiera y renovar la imagen de la institución. Asimismo, en 90 días rendirá su primer informe de su gestión al Presidente de la República.

La comisión evaluará la idoneidad de personal y le pagará las prestaciones a quienes sean cesanteados. En caso que hayan empleados y funcionarios en casos de corrupción, a la luz de esta intervención, sus expedientes serán remitidos al TSC y el Ministerio Público, reza el decreto.

Daniel Esponda.

Magisterio rechaza intervención

Hasta anoche, el Presidente Hernández no había anunciado a los tres nuevos interventores de Inprema pero el rechazo de la dirigencia magisterial, al conocer el decreto, no se hizo esperar.

Daniel Esponda, presidente del Colegio Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH) consideró que la intervención “no se justifica, es una intervención del gobierno para el gobierno, el deficit actuarial ha crecido en 22 mil millones pero a su vez es una cortina de humo para evitar las reformas, bajar los años de jubilación, inversiones rentables y evitar que los recursos pasen a la banca privada”.

“Toda comisón interventora es ilegal, el INPREMA no está quebrado ni está en crisis”, dijo al respecto el directivo del Colprosumah, Roberto Tróchez. “El Gobierno lo que debe de hacer es atender aquellos compañeros enfermos de base que se están muriendo en las escuelas, reformar la Ley, buscar una jubilación digna y justa, no meter una comisión que no sabemos qué, cuál es el objetivo y a qué le apunta”.

Asimismo, el presidente del Colpedagogosh, Edwin Hernández recordó “en el gobierno de “Pepe” Lobo nos impusieron una nueva Ley del INPREMA y nos pusieron tres actuarios, porque los profesores no sabíamos administrar y teníamos quebrado al INPREMA y hoy saca un PCM porque está quebrado el INPREMA entonces, para qué nombraron esos tres jinetes del Apocalipsis si al final la cosa quebró, no, no, no, no, mire, esto solo es un pretexto, quitan a todo el mundo que sabe del INPREMA, nos quitan a nosotros los de las asambleas de aportantes, quitan a los tres especialistas, cometen la ilegalidad de suspender la auditoría interna”.

Los directores especialistas aseguran que la intervención no tiene sentido en un ente sanito.

Directorio asegura que el Inprema está a salvo

Por su parte, los actuales directores especialistas Franklin Rodríguez y Alejadra López defendieron su gestión y rechazaron los argumentos de la nueva intervención relacionados a la debilidad gerencial e ingobernabilidad.

López explicó que los resultados financieros publicados al cierre del año 2020 registraron más de 3,700 millones en excedentes operativos y un aumento de 510 millones respecto al año 2019, aún y cuando prevaleció en el 2020 un entorno adverso provocado para el instituto por la pandemia del COVID-19 y los eventos naturales ETA e IOTA que generaron una depresión económica a nivel nacional.

El patrimonio del INPREMA, agregó, ha crecido en más de ocho mil millones de lempiras durante la gestión del Directorio Interino y su equipo de ejecutivos, al pasar de 40,400 millones en el año 2018 a 48,500 millones de lempiras en el año 2020.

Igualmente, durante su gestión, expuso, se brindaron servicios financieros a más de 94,866 docentes, dentro de los cuales a través del programa de consolidación de deudas se desembolsaron más de 10 mil millones de lempiras y con el programa de préstamo personal más de seis mil millones de lempiras.

Rodriguez dijo, por su parte, que estos resultados fueron parte de los compromisos adquiridos por ellos y su equipo con la institución en cumplimiento de su ley y del plan estratégico que persigue garantizar las obligaciones y compromisos de pago de los afiliados y pensionados.

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