Por: Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
Comenzaré citando a la Real Academia Europea de Doctores, que dice: “Asistimos hoy a tiempos de cambio y turbulencia, en el esfuerzo por encontrar soluciones, será necesario que seamos tan arriesgados como arraigados”.
Los académicos, los herederos de la cuna del pensamiento de la antigua Grecia y Roma en la cual, así como Platón se reunía a estudiar en las afueras de Atenas en un lugar denominado “Akademia”, así como Séneca y Cicerón construían el mundo jurídico que les gobernaría y así como Quintiliano promovió la educación popular en Roma, así hoy en algún plató cibernético, se conversa sobre los retos y oportunidades en estos tiempos de cambios globales marcados en el hemisferio occidental, por la pandemia covid-19, por la corrupción, por los fenómenos de presión social y los acontecimientos de una naturaleza desgastada por el calentamiento global.
En ese sentido, la responsabilidad de los académicos por la paz y el desarrollo, desde mi perspectiva es alcanzar los más altos niveles de incidencia en dos escenarios: a) el ejercicio del poder público, que es en primera instancia el garante del respeto, protección y satisfacción de los derechos fundamentales de su ciudadanía y b) en el ejercicio del poder social, que debe ser ejercido en el marco del enfoque de responsabilidad compartida, mediante el cual a cada actor de sociedad civil le corresponde un rol como coadyuvante en la búsqueda de la paz y el desarrollo sostenible.
La incidencia académica referida, solo es factible a través de aquellos que poseen habilidades, conocimientos, técnicas adquiridas, normas de comportamiento, que desarrollan proyectos de investigación y cumplen con la idea de transmisión de la sapiencia desarrollada a lo largo del tiempo. Consecuentemente la responsabilidad se desagrega desde que se decide ser académico hasta el momento en el cual se lleva a la práctica todo el conocimiento adquirido.
El actual contexto, es una oportunidad para los académicos de alumbrar el accionar del poder público y el social, demostrando que son necesarios para fortalecer la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, les ampara el orden internacional de los derechos humanos, que busca el cumplimiento efectivo de la responsabilidad de los estados como garantes de todos aquellos derechos necesarios para que las personas puedan vivir en dignidad, libres de miedo y en estadios de felicidad que les eleve a la realización personal, todo ello mediante el cumplimiento de los tratados, convenios y protocolos facultativos de los cuales la mayoría de los estados son parte.
Sin embargo, para transformar el actual contexto en una oportunidad, se debe reconocer la falta de acceso de un gran número de intelectuales valiosos, a los espacios en donde se encuentran los tomadores de decisión, los famosos “anillos primarios de poder”, a los cuales es difícil articularse, sino se pertenece a una élite de poder económico, familiar o político que le vincule, característica clásica de los estados elitistas y caudillistas de antaño estudiados y definidos en las especializaciones de políticas públicas para la gobernanza.
De vencer estas barreras, el aporte de la comunidad académica sería valiosísima, ocupando direcciones ejecutivas en lo privado, asumiendo responsablemente cargos públicos, liderando políticas públicas, programas y proyectos legislativos, que transiten del papel mojado a un instrumento verdaderamente garantista de la satisfacción de los derechos humanos de la población en general y de los más vulnerables en especial. Claramente, el poder social es otro espacio menos difícil de acceder, desde el cual se puede hacer mucho y hasta más, en contextos como los nuestros.
Finalmente hago mías las palabras de la Real Academia Europea de Doctores al enunciar que “ser académico es, además de un honor, una nobleza intelectual. Los académicos son como los patres conscripti o senadores, los mayores, de la comunidad intelectual. Hay otras noblezas y otros honores, pero ser académico es diferencial. Consecuentemente la misión del académico no debe ser otra que la de acceder a la verdad, la de defender la vida, la de trabajar la ciencia y proclamar la convivencia intercultural; además de hacer valer un enfoque diferente sobre los derechos humanos, ya que estos no responden a ideologías políticas de izquierda ni de derecha, responden a la garantía de respeto, protección y satisfacción de los derechos fundamentales, a la que están obligados todos los gobiernos, independientemente de su ideología política.
