Policía de El Salvador se toma el Palacio Judicial

OM
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2 de mayo de 2021
/
05:41 am
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Policía de El Salvador se toma el Palacio Judicial

Tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema (CSJ) de Justicia, aprobada durante la primera sesión plenaria ordinaria de la nueva Asamblea Legislativa, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresó y se tomó las instalaciones del Órgano Judicial.

En el lugar, uno de los agentes mencionó que habían recibido órdenes directas de no permitir que los magistrados ingresaran a las oficinas de la CSJ, sin embargo, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, afirmó que no han dado indicaciones de ese tipo.

“Estamos aquí (en la Asamblea Legislativa) para brindar seguridad a la sesión plenaria”, afirmó Arriaza Chicas, haciendo referencia a que el grupo de policías en la zona obedece a las actividades de la Asamblea, al mismo tiempo que negó que alguno de los oficiales de la Policía haya solicitado las llaves del recinto.

El movimiento policial a las afueras de la CSJ se dio momentos después de que los diputados oficialistas de la nueva Asamblea votaran a favor para su destitución.

Una hora después, por su parte, la Sala de lo Constitucional declaró como nula la destitución y la declaró inconstitucional por violar la independencia judicial establecida en el Art. 172 de la Constitución de la República.

La decisión de destituir a los magistrados, misma que fue propuesta por la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, generó varias reacciones a nivel internacional, en su mayoría, negativas.

El congresista estadounidense Albio Sires, por ejemplo, calificó los hechos como un abuso de poder por parte del presidente Nayib Bukele y de sus aliados en el congreso salvadoreño señala el portal de elSalvador.com

Sires afirmó que, de no ser reconsiderada la decisión, el gobierno de Estados Unidos disminuirá la cooperación en el país.

Asimismo, otro congresista como lo es Jim McGovern afirmó sentirse preocupado y enojado por la decisión tomada por los diputados oficialistas, a lo que se refirió como “la destrucción de un poder judicial y del Estado de Derecho”.

 

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