Rafael Delgado Elvir
El gobierno de Honduras obtuvo en años pasados el respaldo del FMI a cambio del compromiso de implementar una serie de medidas de política económica. El gobierno, con un rechazo significativo desde diferentes ángulos por sus evidentes fracasos, con las tensiones sociales y políticas en crecimiento, celebró desde un principio este hecho como un éxito, tratando de presentarlo como un respaldo a la gestión gubernamental, al compromiso con los equilibrios macroeconómicos y al desarrollo del país.
Pero es absurdo presentar el acuerdo como un triunfo, así como creer en esas historias de buena gestión de las cosas más importantes del país. El acuerdo con el FMI llevó de manera explícita aceptar un diagnóstico que señala altos riesgos de un pasado plagado de tantos vicios que desestabilizaron y empobrecieron al país, así como de un presente lleno de peligros. Contempló aceptar un programa de medidas económicas, algunas de ellas sin el respaldo nacional, que se están monitoreando permanentemente por razones sobradas. Al final se puede constatar que trata de un programa que utiliza el FMI para países con situaciones de alto grado de vulnerabilidad y niveles de crisis preocupantes. Dentro de su lógica operativa, no se le impone al gobierno por sus buenas calificaciones. Al contrario, precisamente por la propensión a convertirse en un mayor problema es que se exige un acuerdo.
Según lo que anuncian las autoridades del FMI y del gobierno de Honduras ahora toca la cuarta revisión de ese programa para monitorear avances y retrocesos. Nuevamente vemos lo mismo de siempre en donde en un juego pactado se revisan las metas, algunas que se cumplen y otras no; se dan declaraciones públicas por parte de los funcionarios hondureños que expresan lo que han logrado y lo que no ha cambiado, pero enfatizando en su supuesto férreo compromiso de cumplir con medidas que realmente no desean y otras que desean, pero no pueden realizarlas. Mientras tanto el FMI, con una experiencia global a sus espaldas, emite su informe con un lenguaje sumamente cuidadoso con intenciones claras de seguir adelante, pese a que delata entre las cifras y proyecciones, lo lejano que se encuentra el país de salir de la crisis y su alta vulnerabilidad. Al final queda una sensación sumamente extraña donde no se sabe realmente quién le está tomando el pelo a quién.
Los funcionarios internacionales conocen sobre lo que ocurre en el país, pero se mantienen pegados al guion que exige continuar. En sus informes que redactan, queda constancia que las remesas es lo que en buena medida sigue salvando al país. Saben sobre los peligros que acechan con la pandemia y los huracanes, pero al igual que los hondureños, saben de lo lento y descoordinado que ha sido la respuesta en materia de gasto social y de salud. Queda constancia además de que los recursos públicos que fueron redestinados para responder a las emergencias sanitarias y de calamidad económica han caído en las redes institucionalizadas de la corrupción que ha puesto de manifiesto, una vez más, que los controles internos para garantizar compras apegadas a la ley y a los precios de mercado, intencionalmente se desactivan por las mismas autoridades.
Por otro lado, observan que los cambios que ellos desean en el sector eléctrico no avanzan como desearan. Constatan las abultadas pérdidas de la ENEE en sus deficientes sistemas de transmisión y distribución, así como los robos que ocurren, pero siguen exigiendo que el país se endeude para el pago a los generadores de energía por muy viciados que estos hayan sido. Piden además que se acelere la flexibilización del tipo de cambio dejándole a los bancos cada vez más poder en el mercado.
El show continuará y los comunicados dirán nuevamente entrelíneas que pese a toda la crisis existe un compromiso claro y decidido por parte de las autoridades de seguir adelante para lograr reformas que seguramente muy pocos quieren y pueden implementarlas.
