Bogotá (AFP). Miles de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejan 24 muertos, la mayoría por disparos.
Bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.
Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.
“Duele (…) la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar [a la gente], prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas”, dice a la AFP Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que protestaba en Bogotá.
En distintos puntos de la capital, numerosos grupos se dieron cita para avanzar luego hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede presidencial.
En Cali (suroeste), un foco de los disturbios, miles de indígenas se sumaron a las protestas agitando sus bastones de mando y gritando “resistencia”, mientras una multitudinaria manifestación se volcó a las calles en Medellín (noroeste) con música, teatro y arengas contra el gobierno.
Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiales con corte al martes, al menos 24 personas murieron (18 baleados), más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Onegés denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas.
Las autoridades también registran tres policías heridos de bala.
Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.
La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles.
La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno en medio de las protestas.
Según Reporteros Sin Fronteras hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.
