Conforme a la legislación actual, el plazo máximo es el 28 de mayo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a comicios generales.
La nueva Ley Electoral está “empantanada” por falta de consenso en la integración de las mesas receptoras y, a menos que haya un acuerdo en las próximas horas, la convocatoria a elecciones generales, el próximo 28 de mayo, se hará con la normativa vigente, confirmó una fuente legislativa a LA TRIBUNA.
“La ley está consensuada en un 95 por ciento, pero no nos podemos poner de acuerdo con los delegados de las mesas”, dijo la fuente que prefirió el anonimato para no entorpecer las negociaciones.
Los tres partidos mayoritarios (Nacional, Libre y Liberal), según la fuente, están negociando sobre el primer acuerdo del borrador de la ley en la que estas mesas estarían integradas por tres delegados propietarios (uno por cada partido mayoritario) y dos suplentes con voz y voto y nombrados aleatoriamente de los 11 institutos partidos minoritarios.
Los liberales y Libre apoyan este primer acuerdo, pero los nacionalistas se oponen por quedar en desventaja dos a uno en las mesas en caso de una alianza de sus dos rivales en las próximas elecciones generales.
En consecuencia, están proponiendo elevar la representación a siete. Cinco delegados más de los partidos minoritarios a lo que se oponen Libre y Liberales. “Como no hay acuerdo, lo más seguro es que vamos a convocar a elecciones con la ley vigente”, refirió la fuente.
En la discusión se ha descartado asimismo la posibilidad de que los 11 partidos minoritarios tengan su representante propietario y suplente, como está en la normativa vigente, debido a las restricciones de la pandemia.
El argumento es que, entonces, serán 28 personas por urna, entre propietarios y suplentes, y muchas veces hay dos urnas en un aula de clases en los centros de votación, mismos que están colocados en escuelas y colegios públicos.
PAGO DE VOTOS
En las negociaciones se ha acordado pagarles a los partidos minoritarios por cada voto obtenido en las urnas y compensar con unos seis millones de lempiras en capacitaciones de mesas, como ocurrió en las pasadas primarias para los tres partidos que participaron y cuyos fondos ninguno ha dado cuenta.
El borrador de la nueva ley solo contempla el pago de los votos obtenidos y no en proporción a la votación en general como se les venían pagando.
En las elecciones del 2017, este pago promedio fue de ocho millones de lempiras, para los partidos minoritarios que sacaron entre tres mil y cinco mil sufragios.
La intención de sacar a los partidos minoritarios de las mesas receptoras se debe a que en el pasado se han prestado para venderle las credenciales a los partidos mayoritarios, según las denuncias recogidas por la comisión redactora del borrador hace más de un año.
Además, estos recursos normalmente son manejados a discreción por la cúpula de los partidos, sin dar cuenta del gasto.
La comunidad internacional y varios sectores de la sociedad civil local, ha venido exigiendo la aprobación de la nueva Ley Electoral. Conforme a la legislación actual, el plazo máximo es el 28 de mayo cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a comicios generales. “No creo que haya acuerdo”, subrayó la fuente.
