Por qué la jerarquía azul busca conservar el poder (2)
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
-Es algo nunca visto que un país renuncie a su soberanía-
Pablo Kummetz, analista económico alemán
Mientras el gobierno arreciaba sus esfuerzos para profundizar la implantación de las ZEDE, la prensa procedía a consignar los nombres de seis diputados nacionalistas, vinculados a casos de corrupción, según la lista desclasificada por el Departamento de Estado de EE UU. Uno de los mencionados, Gladis Aurora López Calderón, figura como suscriptora del Decreto legislativo 120-2013, juntamente con JOH y Rigoberto Chang Castillo. El “ejecútese” del entonces gobernante, Porfirio Lobo Sosa, dio vida a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, en el mes de la patria (2013).
¿Por qué, como señala el citado analista alemán, esta ley dilucida que Honduras dimite de su soberanía? ¿Por qué, como él mismo adiciona en su investigación, el modelo adoptado -distinto al de Hong Kong y Singapur- implica establecer un Estado en el propio espacio del Estado hondureño?
El mismo cuerpo de la ley revela esa doble situación, increíblemente absurda, rotundamente traidora. El Artículo 11 da forma al Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, organismo que por sus funciones hace las veces de Asamblea Legislativa de las ZEDE, cuyos miembros -21 en total- son nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el Congreso Nacional. Se considera instalado e inicia funciones una vez nombrados sus primeros 12 miembros. Allí concluye la injerencia de ambos poderes del Estado, luego de lo cual corresponde al Comité: aprobar su normativa interna, establecer los lineamientos generales de política y transparencia, entre otras atribuciones.
Hace veces de presidente, del Estado ZEDE, el secretario técnico, considerado “el funcionario ejecutivo de más alto nivel”, con un mandato de siete años, prorrogables. Para la integración de “su” poder judicial, el Comité propone al Consejo de la Judicatura un listado de diez personas de entre las cuales se seleccionan magistrados y jueces. Conforme a los artículos 14 y 17, las Zonas “están sujetas a una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en todas las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio”. Los órganos jurisdiccionales “deben ser integrados por profesionales del Derecho de alto prestigio y reconocida trayectoria de jurisdicciones nacionales o extranjeras”. Se precisa que la estructura, atribuciones y competencia de los órganos jurisdiccionales, así como el tiempo de duración en el cargo y los requisitos para el nombramiento de jueces y magistrados serán fijados por el Comité de Adopción de Mejores Prácticas”. Así mismo, la normativa “establecerá las penas aplicables a quienes interfieran o pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
A oídos de la Policía y las Fuerzas Armadas: mediante el Artículo 22, las ZEDE contarán con cuerpos de seguridad interna, investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario. Un régimen económico y financiero particular, posibilitará a las ZEDE disponer de ingresos “para sus propios fines”, y de un órgano fiscal con potestad para la recaudación de tributos -renta, bienes inmuebles, propiedad de la tierra-, etc. Pueden las Zonas efectuar expropiaciones que consideren necesarias “para el desarrollo o expansión de las mismas”.
Implementarán sistemas en todos los niveles educativos, en violación -por caso- de la “exclusividad” atribuida a la UNAH “de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional” (Art. 160 constitucional). La administración del espacio radioeléctrico “que aún no haya sido asignado en la jurisdicción de las ZEDE”, pasará de Conatel a estas. En desleal competencia con los canales de comunicación existentes, “están autorizadas para crear sus propios medios de publicación, los cuales podrán se electrónicos”.
Tres departamentos del país, sufren el acoso y cercenamiento de sus territorios. La Amhon y las alcaldías, ¿seguirán, en cómplice impavidez, viendo cómo se extingue el régimen municipal y se suplanta la libre elección de sus corporaciones? Y el Movimiento Patria, ¿qué ha sido de él?
