Nada qué celebrar

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31 de mayo de 2021
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12:03 am
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Nada qué celebrar

Por: Edmundo Orellana

La nueva Ley Electoral, salvo algunas cosillas, es la misma vigente. En un documento en el que se comparan ambos textos, Cedoh demuestra que son iguales. Para quien quiera conocerlo puede acceder a su página web: https://www.cedoh.org/.

En ese boletín de Cedoh se contiene todo lo que el amable lector esté interesado en saber sobre esa nueva Ley Electoral que los partidos celebran como un gran avance. El pueblo, sin embargo, nada tiene que celebrar porque los partidos seguirán manipulando el resultado de las elecciones y los mercaderes de la política tienen su negocio seguro.

Las MER siguen capturadas por los activistas de los partidos mayoritarios, con la misión de defender los votos de su partido, sin importar que incurran en el delito de falsificación de documentos (en lenguaje político: “inflar actas”). En el tema de la deuda política resulta que ya no será el 15% sino el 10%, pero no en concepto de deuda política sino como contribución estatal “para que sea utilizado en capacitación y formación política e ideológica de su militancia”. Ese 10% se calcula sobre el total de la deuda política pagada “al partido ganador en las elecciones generales”. Todo sigue igual, como puede observarse. En otras palabras, el fraude está asegurado para el más listo.

Ninguna reforma electoral sustancial. Lo único novedoso de la ley es lo que destaca del articulo 313 el ingeniero Carlos Flores en su editorial del viernes, que bien merecida tiene la membresía honoraria en el Colegio de Abogados, lo que queda probado en el hecho de que ningún abogado había reparado en esta barbaridad. Por ese artículo nuestros legisladores interpretan la Constitución.

Es una vieja aspiración cachureca esa de que el Congreso interprete la Constitución. Lo intentaron con una reforma constitucional que fue declarada inconstitucional. Ahora, acompañados por el Partido Liberal y Libre, interpretan la Constitución mediante leyes secundarias. Otro parto que se integra al Derecho Constitucional cuya autoría reclamará orgulloso el Congreso Nacional. ¡Qué orgullo para esos diputados!

Podrán, en adelante, emitir leyes interpretando la Constitución en su totalidad. Ya no será necesario el concurso de la Sala de lo Constitucional, que tan buen servicio ha prestado a los caprichos de los políticos. Los magistrados de esa sala ya no estarán expuestos al desprestigio personal y profesional, porque los diputados encontraron la forma de prescindir de sus servicios, salvo para blindar las interpretaciones constitucionales que efectúen mediante leyes secundarias.

Seguramente, aprobarán por esa vía la segunda vuelta electoral que tanta falta nos hace para evitar el desastre que se nos viene con el resultado de estas elecciones. Podrán resucitar la inmunidad parlamentaria. O convertir nuestro sistema presidencial en monarquía para coronar como rey a los caudillos del Partido Nacional, Partido Liberal o Libre. Mejor aún, prohibir que los políticos sean procesados por actos de corrupción, lavado de activos y narcotráfico, paraíso con el que sueña la mayoría de nuestros políticos. ¿Por qué no hacerlo realidad? Si saben que nada de esto será declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.

No se ría estimado lector. Nuestros legisladores son muy capaces de aprobar estas barbaridades. La interpretación que motiva esta reflexión pretende eludir una prohibición para ser diputado, favoreciendo a funcionarios públicos. Es, pues, una disposición, aprobada por el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, que otorga impunidad a ciertos funcionarios, cachurecos hoy, mañana de otros partidos. La única excepción son los diputados que públicamente dijeron que no compartían el contenido de esa ley, que son muy pocos.

Esa nueva Ley Electoral lo nuevo que tiene es este absurdo jurídico que entraña un peligro que amenaza con destruir lo poco de seguridad jurídica que aún tenemos. Desaparecieron los obstáculos que desalentaban a los más audaces para remover lo que les estorba para alcanzar sus propósitos. Que no nos extrañe que, en el futuro, se eliminen, si conviene a los políticos, las prohibiciones para que llegue a la presidencia o a cualquier cargo de elección, sea directa o indirecta, una persona recluida en prisión por sentencia firme, condenada por un crimen atroz. Bastaría interpretar la Constitución declarando que sus prohibiciones para ser electo deben entenderse en el sentido de que no son discriminatorias y que no atentan contra los derechos humanos (¿recuerda el alegato a favor de la reelección?), por lo que todos tienen derecho a ser electos, sin importar que se encuentren en prisión por sentencia condenatoria firme. ¿Es absurdo? También lo son las leyes del pacto de impunidad, el Código Penal y las ZEDE. ¿Por qué dudarlo, entonces?

El tripartidismo celebra. Pero no hay nada qué celebrar y mucho de qué avergonzarse. Especialmente por su desprecio al pueblo y porque demuestran ser arbitrarios, capaces de legislar, al amparo del sistema de impunidad, violando la misma Constitución. Démosles una lección en estas elecciones y votemos inspirados en el ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

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