CAPITALINOS Y EL AEROPUERTOLO DOMÉSTICO Y LA SOLIDARIDAD
¿A qué mala hora se le ocurrió a Duque meter ese paquete de ajustes? Cuando comenzó el bochinche lo retiró. Pero era demasiado tarde. El móvil de las movilizaciones ya había mutado. El tamal impositivo fue pretexto suficiente para convertir las “brisas bolivarianas” –con las que la autocracia venezolana amenazó a sus vecinos– en torrencial vendaval. Las aves agoreras y sus tías las zanatas –que en medio de una pandemia insisten con socar más la faja de estómagos vacíos– no midieron la tempestad que desató en Chile un modesto incremento de los pasajes del tranvía. Allá Piñera claudicó, arrinconado por el tórrido furor de calles crepitantes. Después de semanas enteras de quema de edificios, destrozo de vehículos y autobuses, saqueos, pillaje, destrucción a la propiedad pública y privada, de anarquía y de violencia, tuvo que tirarle a la fiera hambrienta una nueva Constitución para salvar el pellejo.
A saber de dónde sacan que una nueva Constitución vaya a resolver los problemas de inequidad social dizque desataron el torbellino, colocando patas arriba el modelo económico y político que, como ejemplo de un sistema ejemplar, ofrecían al mundo los chilenos. Quién sabe si cambios poco ortodoxos que la izquierda radical se encargue de meterle a la nueva Constitución no acaben destartalando la fórmula sensata y equilibrada que tenían y que los llevó de ser pueblo tercermundista a codearse con las naciones del primer mundo. Ya antes le había tocado a Ecuador. Ahora le toca a Colombia que completa más de un mes de paro nacional. En los 37 días de movilizaciones se registran “5,575 concentraciones, 2,180 marchas, 2,924 bloqueos, 598 movilizaciones y 22 asambleas en 809 municipios”. Los datos que se conocen es de “1,133 hechos de violencia física, al menos 65 personas muertas, 1,445 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 22 víctimas de violencia sexual, 175 disparos con armas de fuego, 111 desaparecidos y unos 2 mil ciudadanos heridos”. El oficialismo negocia con el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, a último momento, por unas observaciones y ajustes exigidas por el gobierno al preacuerdo alcanzado, el aparente retorno a la normalidad se balancea en la cuerda floja. El fin de semana el gobierno ordenó el “máximo despliegue de asistencia militar” para la policía en varias ciudades y anunció que unos “7,000 efectivos militares ayudarían en labores de desbloqueo de vías”.
Los protestantes no quieren ver policías ni militares desbloqueando, y arguyen que ello equivale a la militarización de las ciudades. “El decreto 575, brinda asistencia militar a 8 gobernadores y 13 alcaldes”. El gobierno exige que se levante la totalidad de los bloqueos. Sin embargo, los parados se plantan en levantar los bloqueos de manera paulatina. Al gobierno ya le cayó encima la CIDH, con una misión de observación in situ, para recoger testimonios de violaciones a los derechos humanos. Sobre abusos de autoridad, tanto la procuraduría, la fiscalía, como la misma policía, procesan decenas de indagaciones y tramitan cientos de expedientes. Antes que toque turno –no hay que confiarse en los buenos oficios del Sisimite una vez que el conflicto estalla–todavía aquí el país está a tiempo de evitarlo. Mal harían los políticos en porfiarse que una nueva Ley Electoral sea suficiente extinguidor al descontento y a la desconfianza. Los perdedores impopulares y sus vitrolas RCA Victor, no cesan su tóxica campaña tiznándole al país su horizonte democrático. A propósito, tampoco es aconsejable echar la Segunda Vuelta al cesto de la basura.
