Entre los vehículos comprados 1,100 son motocicletas: Tasón
De los más de 2,000 vehículos comprados, 1,100 son motocicletas y 120 camionetas de alta gama.
Del 2013, al 2017 se adquirieron alrededor de dos mil vehículos para los operadores de justicia, de los cuales, cerca de 1,100 fueron motocicletas para la Policía, reaccionaron ayer las autoridades de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP).
El representante del sector privado ante Fideicomiso del denominado “tasón”, Juan Ramón Molina explicó que las compras fueron decididas a lo interno del Consejo de Seguridad.
Molina negó que todos los 2,000 vehículos hayan sido de alta gama, tal como trascendió: “Quiero aclarar que la Tasa de Seguridad fue creada para cubrir las necesidades extrapresupuestarias de las instituciones que imparten justicia en el país”.
“El 2014 cuando se empezó a reenfocar las inversiones y acciones contra la criminalidad, todas las instituciones beneficiarias; Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y el 911 todos presentaron sus requerimientos”, rememoró.
Seguidamente “en uno de los rubros que se les apoyó fue en el tema de logística, en este tema están involucradas la compra de 1,100 motocicletas que están distribuidas en la Policía Militar y Nacional”, abundó Molina.
Además, con estos fondos se compró un centenar de buses, camiones y aproximadamente 900 carros paila asignados en la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Alrededor de 90 carros son ambulancias asignadas al 911 para labores de asistencia.
Con estos recursos que generan los movimientos de las cuentas de los usuarios del sistema financiero y tarjetas de crédito, también se adquirieron 120 carros blindados solicitados para jueces y fiscales, enlistó Molina.
En los primeros cuatro años de funcionamiento de la TSP se compraron 2,000 carros por un monto que rondó 700 millones de lempiras. En ese sentido, reiteró que “dentro de esos L700 millones estamos hablando de toda esa cantidad, y no únicamente de camionetas como se ha hecho creer”.
Reconoció que en lo que toca a las 120 camionetas son blindadas y fueron asignadas a “jueces, fiscales y administradores de los centros penitenciarios: todos tienen, hay diferentes niveles”, a una inversión cercana a 200 millones de lempiras.
El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el TSP, argumentó que “si uno les pide a funcionarios que expongan sus vidas para impartir justicia, creo que es correcto que el Estado les proporcione los medios”. “En el pasado han asesinado fiscales, jueces y el Estado no hacía nada. Ahora estamos protegiendo a nuestros compatriotas que ponen en riesgo sus vidas”, puntualizó Molina. (JB)
