Comunidad LGTBI aboga por Ley de Identidad para buscar su “bancadita” en las generales

El pasado 17 de mayo, Sasha Morales, desfiló en la marcha contra el odio de la diversidad sexual hondureña. Como miembro de esta comunidad, Sasha llevaba una pancarta exigiendo la Ley de Identidad de Género.

Lógicamente, en la vida real su nombre es masculino y se omite por razones seguridad. “Si nos aprobaran esta ley, estoy segura que nos cambiaría la vida a toda nuestra comunidad”, dijo a La Tribuna.

Se refiere a la vigencia de una normativa que les borre el nombre de pila y en su lugar puedan adoptar el nombre femenino conocido socialmente.

Además, cambiar su fotografía de varón que portan en la tarjeta de identidad, por la de una mujer transformada y, por último, que en este mismo documento se les reconozca con el género femenino y no masculino como aparecen.

Sasha explica que seguir conservando estos datos de la tarjeta de identidad le ha traído muchos problemas, comenzando por algo tan simple como cambiar un cheque en los bancos, puesto que la fotografía que porta en el documento oficial no se parece a su apariencia física.

“No lo podemos cambiar, le dicen los cajeros. “Algunos son comprensivos, pero a la mayoría no nos atienden”.

El mismo problema enfrentan con los policías, cuando los requieren.

“Hasta se burlan de nosotras”, agrega. Su apariencia tampoco le ayuda si quisiera participar en un cargo de elección popular -como se lo han propuesto varios partidos políticos de cara a las elecciones generales- puesto que la actual Ley Electoral exige presentar la tarjeta de identidad, con su fotografía, género y nombre de varón, en lugar de su larga cabellera rubia, cejas y párpados delineadas y boca pintada de rojo vivo, como toda una mujer.

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Sasha no es la única que hace este reclamo. Muchos dirigentes y defensores de la comunidad LGTBI apoyan estas exigencias.

“Queremos visibilizar a la población LGTBIQ+ de Honduras”, dice la vocera la organización LGBTI Somos CDC, Grecia O’Hara.

“Necesitamos una Ley de Identidad de Género para las personas transexuales y transgénero, una Ley de Equidad e Igualdad Antidiscriminación para los grupos en vulnerabilidad, no solo la población LGTBI, sino el resto de poblaciones importantes en nuestro país”.

A esta organización se suman otras como, Somos CDC, Asociación Arcoíris, Muñecas de Arcoíris, LITOS, pero sus peticiones siempre se estrellan en la indiferencia de la clase política y de la misma sociedad, señala Wilson Castañeda Castro, director del centro no gubernamental, Caribe Afirmativo, en su estudio “Reflexiones participación política de las personas LGBTI en Honduras” en el que analiza la incidencia de esta comunidad en la vida política desde 1980.

En su amplio análisis, el especialista destaca que la reforma constituyente de 1980 abrió el camino para fortalecer la participación ciudadana y la democracia al interior de sus instituciones. Sin embargo, en lo que se refiere a la visibilidad de las agendas LGBTI, antes de 2004 no se encuentran expresiones reales de sistematización de su participación, ni en lo social ni en lo político, mucho menos en su fortalecimiento organizativo.

Señala que los dirigentes que han luchado por este tipo de reivindicaciones casi siempre terminaron exiliados y asesinados, citando el ejemplo de Erick Martínez, el primer gay que se postuló públicamente como candidato a diputado, pero que a las pocas semanas fue asesinado.

Desde entonces, se han sumado casi 400 crímenes de dirigentes o miembros de esta comunidad, muchos de ellos después de liderar marchas de reivindicación o anunciar públicamente sus aspiraciones políticas.

20% EN PLANILLAS

Castañeda Castro considera que, dada la posible apertura social a la comunidad LGTBI, la clase política se ha mostrado tan conservadora en estos temas al punto que en los últimos años corrieron a reformar los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República para cerrar la posibilidad de los matrimonios gais y las adopciones de menores de parte de los miembros de la comunidad LGTBI. Unos de los impedimentos que alegó el Estado en su momento, por influencias.

“A lo largo de los años, las personas LGBTI hondureñas han enfrentado una serie de dificultades e impedimentos para el disfrute pleno de sus derechos políticos: el asesinato de líderes y lideresas, amenazas, dificultades legales para asociarse, el fundamentalismo religioso y la falta de garantías políticas han sido algunas de las razones de la poca visibilizarían del movimiento LGBTI”, subraya el experto.

A su juicio, es necesario plantear la creación de un plan de acción en el corto y mediano plazo donde se definan metas claras para esta comunidad, comenzando por tener un 20% de candidaturas LGBTI a nivel nacional para las próximas elecciones.

En la práctica, estos cambios están lejos de llegar como admiten los mismos dirigentes. Las protestas han derivado en recursos de inconstitucionalidad y la impunidad de más de 370 muertes de personas LGTBI en Honduras desde 2009, según el Observatorio de muerte Violentas de la Red Lésbica Catrachas.

“Para los cambios legislativos que pedimos siempre hay una fundamentalista-religiosa. Nos hemos reunido con diputados, tenemos propuestas de ley, pero al proponer los proyectos no hay empuje legislativo”, agregó O’Hara.

“El Estado tiene una deuda fuerte con la comunidad LGTBI”, señaló por su parte el activista de Asociación Arcoíris, Donny Reyes. “Tenemos que reclamar y hacer justicia por todas las compañeras que han asesinadas que siguen en total impunidad”.

A pesar de los obstáculos, la comunidad LGTBI continúa luchando por sus derechos en foros de incidencias, el más reciente de ellos celebrado en San Pedro Sula, con la participación de las organizaciones Iguales, Cepres, Asociación Feminista Trans Afet, Colectivo Unidad Color Rosa, Diamante Limeño, Limeñas Trans más+, Aprest.

“Queremos que nuestros derechos se hagan valer y que haya una Ley de Identidad de Género”, dijo Violet Hernández, de Color Rosa. Entretanto, Javier Carrington, de Iguales, exigió una “sociedad hondureña más justa y libre de prejuicios”.

REFORMAR LA LEY DEL RNP

A la luz de la legislación hondureña, el cambio de nombre, como lo pide la comunidad LGTBI, sería posible reformando la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP). “Jurídicamente, no se puede”, afirma Ivis Discua, especialista en derecho civil.

Recordó que la mayor concesión de parte del Estado para esta comunidad, hasta ahora, es reconocer la personalidad jurídica a sus organizaciones, mientras que para cambiar el nombre ameritaría una enmienda al RNP.

En sentido, el profesional del derecho considera que los miembros de esta comunidad que se postulan a cargos de elección popular deberán ser inscritos en las planillas y papeletas con sus nombres y fotografías conforme a su tarjeta de identidad.

En el caso de los bancos, lo que procedería es que, al momento de cambiar un cheque, por ejemplo, se les puede tomar su firma y su huella digital, para no violarles su derecho de una transacción financiera como las demás personas.

Frente a esto, Ana Pérez, militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), sostiene que la participación en política para la comunidad LGBT, sigue siendo un reto en virtud del machismo, conservadurismo y la discriminación que impera en estas esferas sociales.

“No estamos representadas y representados, en el Congreso abundan los grandes empresarios, machistas y conservadores”, aseguró Pérez, quien se postuló a una diputación en las elecciones primarias del pasado 14 de marzo de 2021.