GANADORES Y PERDEDORES
NO es la primera vez que opinamos sobre la independencia, unidad y la exclusividad jurisdiccionales como principios sacrosantos del derecho constitucional. Hace unos días, en editorial anterior –asombrados de la forma cómo se manosea la Constitución de la República y ahora cómo dispusieron interpretar una norma constitucional utilizando un artículo de la Ley Electoral, ello es tocar lo superior por vía de una ley secundaria– citábamos el texto original del artículo 304 de la carta fundamental: “Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. “En ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. Nótese que el texto es tajante: Lee, “en ningún tiempo”. Lo que no admite excepciones o modificaciones. En ningún tiempo es ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es nunca.
Pero, aún así en diametral contradicción a lo anterior, en un congreso anterior, vía reforma, le agregaron una colita al artículo: “Se exceptúan de esta disposición los fueros jurisdiccionales de las Regiones Especiales de Desarrollo”. (Una vez cometido el pecado original, a partir de allí, procedieron a introducir, a discreción, otros agregados. Cortando y zurciendo tela a troche y moche elaboraron un portentoso paraguas para las ZEDE). O sea, que allí donde la Constitución en forma enfática rezaba que no se podía, “en ningún tiempo” crear órganos jurisdiccionales de excepción, ellos se ingeniaron forma de anular la prohibición. Nada que ver con la teoría o la praxis jurídica. Más bien del dominio –como en la alquimia– de la esotérica creencia en la transmutación de la materia. Para convertir el nunca, equivalente a nunca jamás, en “nunca se sabe” o en “quizás”, o en “tal vez”, o en “todo depende”. En este caso concreto fue “ahora o nunca”. El precepto, como originalmente leía el artículo constitucional, es cristalino. No admite interpretación alguna. Deriva su contenido de otros enunciados constitucionales de rango más elevado. La ley debe ser un cuerpo de normas armónicas entre sí con imperio de carácter universal a los habitantes del Estado donde se aplica. Ello infiere que las normas constitucionales deben guardar concordancia, unas con otras. El artículo 304 como fue redactado originalmente por los constituyentes –antes que lo trastocaran– estaba en completa correspondencia con este otro principio de carácter superior jerárquico dentro del marco constitucional:
“Artículo 60. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos”. “En Honduras no hay clases privilegiadas”. “Todos los hondureños son iguales ante la ley”. “Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana”. Para mejor proveer, la imposibilidad de crear jurisdicciones de excepción –en ningún tiempo– nace y es completamente congruente con el principio citado que “en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos los hondureños son iguales ante la ley”. Si bien se pueden hacer diferenciaciones de diversa naturaleza en materia económica, de acuerdo a las características y modalidades del mercado, no caben distinciones en lo que se refiere a la aplicación de la ley y a la impartición de justicia. Escuchamos decir que lo que acaba de ocurrir responde a la demanda de inversionistas arguyendo que solo con una jurisdicción especial podría garantizárseles “seguridad jurídica”. Si es que seguridad jurídica debe haber para todos –nacionales y extranjeros, potentados y pobres, inversionistas y acabados– y se asume que darla sea la función del Poder Judicial. Sería sacrilegio presumir que lo que se imparte en el país represente “inseguridad jurídica”. Dudamos que haya juez o magistrado orgulloso de su labor –muchos de ellos estudiosos y conocedores del derecho– dispuesto a aceptar ese ofensivo predicado. Dicho lo anterior, ¿por qué a nadie, ni al CAH, se le ocurrió presentar un recurso de inconstitucionalidad a la génesis del entuerto? Como diría Von Mises: “Fiat iustitia, ne pereat mundus”.
