Una piedra en el zapato
Armando Cerrato
Licenciado en Periodismo
Basta tener un accidente, el agravamiento de una dolencia o complicaciones de cualquier índole en el organismo, para enterarse de la triste realidad que vive la asistencia médica en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde el personal médico y de enfermería trabajan con las uñas ante la ausencia total de medicamentos aun en la emergencia.
Una vez ingresado a cualquier sala, empiezan las carreritas en busca de medicamentos y usualmente terminan siendo compradas con un enorme esfuerzo económico de los familiares en farmacias privadas, algunas de las cuales muy curiosamente siempre están abastecidas por muy especializados que sean los fármacos y que expenden contra receta a precios de oro.
Lo peor del caso es que medicamentos indispensables en el tratamiento para enfermos renales agudos y crónicos que se hacen diálisis tres veces por semana, cuatro horas al día, como la eritropoyetina que se pone a razón de una a tres ampollas al finalizar cada sesión para fijar la hemoglobina, brilla por su ausencia en las farmacias del IHSS y los pacientes (más de 300) salen decepcionados de los centros de distribución donde casi con una sonrisa sardónica el encargado de la farmacia le dice “de esto no hay, esté viniendo para ver si en estos días entra y no se olvide de traer hielo para que la lleve”.
El caso es que se están yendo los días que toca hacer hemodiálisis sin colocarse la medicina y el proceso queda incompleto por la falta de eritropoyetina, lo mismo pasa con la heparina que es un anticoagulante indispensable en el proceso de desintoxicación de la sangre de los riñones artificiales, que además son cebados con agua destilada, bicarbonato y otros ácidos, llevándose además un control de la presión arterial, niveles de glucosa y otros parámetros computarizados, además de una estricta vigilancia médica y de enfermería.
Con la conversión del hospital de especialidades de La Granja a uno de covid, la moratoria en atención a las otras especialidades a aumentado impresionantemente, especialmente en el área quirúrgica, dándose dos casos en mi familia donde afortunadamente hemos tenido solvencia económica para salvar la vida de una persona que aun teniendo seguridad social hubo que hacerle tres cirugías consecutivas en el abdomen, y yo mismo me fracturé el radio de mi brazo derecho y permanecí cuatro días interno en el Seguro para una cirugía de emergencia y al quinto día de estar ahí el ortopeda me dijo que no iba hacer la cirugía porque era el mismo brazo de la fístula y se podía infectar, eso me llevó a un hospital privado donde el ortopeda tras una gran batería de exámenes me practicó la cirugía, la cual no ha tenido ninguna complicación y no explicándose el profesional la negativa de los especialistas del Seguro Social para atender mi caso que se complicó por la tardanza en hacer la cirugía.
Cabe destacar que los servicios que presta el IHSS a sus derechohabientes no es gratuito, pues patronos y trabajadores cotizamos entre 11 y 20 mil millones de lempiras al año para su sostenimiento médico, administrativo y que su cobertura en más de 30 años de funcionamiento sea nacional, por lo que muchos de los derechohabientes que requieran sus servicios se mueven desde el interior del país con gran dificultad económica para encontrarse que aun al ser internado debe comprar los medicamentos adecuados para su tratamiento, ajá y si no tiene el dinero suficiente para ellos? Termina pereciendo y sus familiares haciendo micos y pericos para poder enterrarle dignamente.
De todas estas anomalías está bien empapada la junta interventora pero hace caso omiso a la solución del problema médico que es simple, pues basta con mantener abastecido de genéricos y medicamentos especializados las farmacias del IHSS que están recibiendo dotaciones de fármacos cada tres meses de distribuidores que tampoco se explican el porqué los pedidos no se realizan en tiempo y forma y además se mantiene una deuda importante con ciertos proveedores lo que obliga a la suspensión de ciertos insumos vitales para el tratamiento de muchas especialidades.
Así las cosas, existe mucha presión social para que cese la intervención de la institución que fue saqueada económicamente en beneficio económico para el Partido Nacional en el poder y personal de los exdirectivos, obrero-patronales y personal médico hospitalario.
La institución también ha sido saqueada por proveedores de equipos y medicamentos a los que no les importó la vida de más de 3,500 afiliados al recibir tratamientos con pastillas de harina y otros que no reunían los requisitos emanados de los registros sanitarios respectivos, agregándose al gran saqueo económico la compra de ambulancias y equipos supervalorados algunos de los cuales llegaron incompletos o eran innecesarios, razón por la cual algunos permanecen embodegados y sin uso útil alguno.
Así las cosas, existe una presión social para que los interventores abandonen sus funciones administrativas cediéndolas de inmediato a una junta directiva conformada por el gobierno, delegados de la empresa privada y las centrales obreras como debe ser por ley, para una administración sana y eficaz y así resguardar la salud de la clase trabajadora.
