Esperanza para los hondureños
Por: Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Soy liberal en lo económico, aunque conservador en los cultural. Creo a pie juntillas en los mecanismos del mercado para asignar los recursos porque lo hace mejor que el Estado: la pandemia así lo ha ratificado. Ser liberal no significa ser de derechas, ni oligarca, ni neoliberal como creen muchos; ser liberal significa defender los derechos de los individuos, respetar las inclinaciones de cada persona, las ideas y los credos, aunque yo no esté de acuerdo con sus posturas: es la pluralidad a la que aludía Octavio Paz en sus escritos, o la convivencia de “los diversos”, como advertía Hannah Arendt en “La promesa de la política”.
Por lo demás, veo con preocupación cómo los principios del liberalismo se tergiversaron por completo en países pobres como Honduras. Los beneficiados fueron los mismos de siempre que han aprovechado sagazmente las disposiciones impuestas de manera irresponsable por los organismos internacionales de crédito, mientras el objeto medular del desarrollo, el fin del progreso, que es el ciudadano común y corriente, se hunde cada día en el pantano de la miseria.
La esencia del verdadero liberalismo dicta que cualquier ciudadano puede emprender los negocios que quiera, ofrecer soluciones y satisfacer las necesidades de la población, intercambiando bienes y servicios sin que ninguna fuerza externa restrinja su libre iniciativa. Pero la primera fuerza que refrena las libertades de los emprendedores es el Estado, desde el momento en que los políticos, aprovechando los cargos en el Poder se meten a empresarios obteniendo toda suerte de privilegios, desde exenciones, hasta tasas preferenciales; o tuercen las leyes para favorecer a un grupillo de inversionistas. Bajo la premisa de la generación de empleos, cualquier iniciativa entre agentes públicos y privados que privilegia a una sociedad anónima, se parece a cualquier cosa menos a un capitalismo de reglas claras.
Cuando los políticos abanderan el tema del desarrollo y se convierten en empresarios de proyectos cuyo propósito -sostienen-, es el empleo y el desarrollo de las comunidades, entonces, hay algo que no cuadra como dicen los contadores. No solo porque el Estado es un pésimo administrador de empresas cuando desvía las ganancias hacia otras actividades que no tienen nada que ver con la inversión social, sino porque más allá de las apariencias benefactoras, siempre se esconde algo que no está nada claro, y que levanta las suspicacias entre la población. Tal es el caso de las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico o ZEDE cuyo rechazo es unánime, ya sabemos por qué. Sectores organizados del país consideran que ese proyecto representa una flagrante violación a la soberanía nacional en cuanto al carácter de excepción que lo rige. Se trata de microestados que gozan de sus propias reglas, garantizando a los inversionistas extranjeros y locales una seguridad jurídica de primera, sin los costosos e inestables procedimientos tradicionales de nuestros países. El temor de la ciudadanía es que esos feudos autónomos se conviertan en un ecosistema que brinde seguridad a los maleantes de saco y corbata, y que detrás de su puesta en marcha prevalezca el encadenamiento de la impunidad y la corrupción. La reputación le precede al gobierno.
Mientras el liberalismo económico -y no el neoliberalismo-, propugna por un mercado sin violaciones a los marcos legales donde opera, en Honduras las cosas se hacen al revés. Romper o torcer las leyes borra toda rúbrica liberal a cualquier iniciativa donde los funcionarios estatales meten las narices. Desde el momento en que su instauración rompe con las leyes nacionales y viola los derechos de las comunidades aledañas, el proyecto de marras ya no tiene nada que ver con el libre mercado.
No es la esencia liberal de las ZEDE lo que está en discusión, sino lo indescifrable y misterioso de sus designios. Nada de malo tendría si fuesen inversionistas privados los actores principales, pero no funcionarios del gobierno. Porque entonces, ya no se trataría de un mercado libre, sino de un capitalismo de compadres, un invento muy tercermundista que privilegia a unos pocos.
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