Por: Jorge Roberto Maradiaga
Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial.
En nuestro artículo anterior iniciamos el estudio de tan importante temática. Si el fenómeno lo enfocamos al ámbito económico, destacamos que la corrupción mina el desarrollo económico ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el costo de los negocios y actividades empresariales ya que a esto hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los cargos públicos, y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos o de detección.
Es procedente señalar, que aunque hay quien argumenta que la corrupción reduce los costos al sortear una posible burocracia excesiva, la disponibilidad de sobornos puede inducir también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor que permitir encubiertamente que sean sorteadas utilizando sobornos. Allí donde la corrupción infla el costo de los negocios, también distorsiona el terreno de juego, blindando a las empresas con conexiones frente a las competidoras, sustentando, en consecuencia, a empresas ineficientes.
Es un hecho concreto, que la corrupción también genera distorsiones en el sector público, tal como ocurre al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes y contundentes. Los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando de este modo todavía más la inversión. La corrupción, tal como lo demuestran los hechos concretos también hace disminuir el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.
Estudiosos del tema, tal los economistas argumentan que uno de los factores que están detrás de las diferencias de desarrollo económico entre varios países es que en algunos, la corrupción ha tomado primariamente la forma de expolio (en inglés: “rent extraction”), con el resultado de que el capital financiero obtenido es movido fuera del país, en lugar de ser invertido en el mismo.
No cabe la menor duda que la corrupción facilita, incluso la destrucción medioambiental. Los países corruptos pueden tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no puede ser ejecutada si los encargados de que se cumpla son fácilmente sobornados. Lo mismo puede aplicarse para los derechos sociales, la protección laboral, la sindicación y la prevención del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales permite a los países corruptos ganar una ventaja económica ilegítima en los mercados internacionales.
Por su importancia y relevancia, destacamos que el economista y ganador del Premio Nobel Amartya Sen ha observado que “no existe nada que pueda llamarse problema apolítico de alimentos”. Si bien la sequía y otros eventos naturales pueden desencadenar condiciones de hambruna, es la acción o inacción del gobierno lo que determina su severidad, y frecuente, incluso, si la hambruna llegara o no a producirse. Se evidencia que la ayuda alimentaria es frecuentemente robada a punta de pistola mental por gobernantes, criminales, señores de la guerra y similares, y vendida para obtener un beneficio.
Con propiedad podemos afirmar que la corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Indiscutiblemente, ello conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, en muchos países se ha generado abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados. Eso sí, ocasionalmente, aparecen movimientos de protesta que tratan de confrontarse con el poder político, y generan inestabilidad política y subsiguientemente represión política o policial, tal como lo demuestran los hechos concretos.
Siendo que en el mes de noviembre se elegirá el próximo presidente, diputados y alcaldes, creemos que todos deben asumir el compromiso de erradicar la corrupción en nuestro país y con tal propósito de inmediato deben impulsar la implantación del gobierno electrónico en nuestra querida Honduras. Indiscutiblemente, este es un paso de primera, que tendrá cantidad de opositores o cuestionadores de dicha automatización; pero debe tenerse presente que esta es una tendencia mundial y los hondureños honestos anhelamos de principio a fin, por una administración transparente y funcional. Al funcionario público hay que pagarle bien para que vaya a trabajar no a robar, como ocurre actualmente.
