La economía de EE.UU. creció un 1,6 % en el primer trimestre del año
Sin embargo, el PIB real del tercer trimestre está el 3.4% por debajo del nivel del correspondiente al último trimestre de 2019, según el Departamento de Comercio.
Bangkok, 24 jun (EFE).- Cerca de 230.000 personas han tenido que abandonar sus hogares en Birmania (Myanmar) debido a la violencia, los enfrentamientos armados y la inseguridad en una espiral de inseguridad desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
Estas cifras corresponden al último informe publicado este jueves por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA, siglas en inglés), que alertó de las dificultades para repartir ayuda humanitaria en el país debido a la inseguridad.
La OCHA alertó de que muchos desplazados no tienen acceso suficiente a cobijo, agua, alimentos y medicinas, así como a servicios básicos, en medio de un deterioro de la situación en el país.
La mayoría de los desplazados, más de 103.000, se encuentran en el estado Kayah (sureste) debido a la escalada armada entre el Ejército y las milicias civiles formadas por la etnia karenni desde el 21 de mayo.
La agencia indicó que, según fuentes locales no verificadas, al menos 55 personas han muerto en ataques aéreos contra civiles que han destruido al menos ocho iglesias en Kayah.
Los enfrentamientos armados desde el golpe también ha causado miles de desplazados en otros estados y regiones como Kayin, Shan, Kachin, Chin y Magway.
El Ejército birmano justificó el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la líder depuesta Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.
Al principio los birmanos respondieron con un movimiento de desobediencia civil y con manifestaciones multitudinarias que fueron reprimidas por los soldados y policías, que usaron armamento militar contra civiles desarmados.
Al menos 877 civiles han muerto desde el sublevación por la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 6.000 detenidos.
En consecuencia, muchos manifestantes decidieron tomar las armas y formaron milicias civiles que luchan contra el Ejército apoyadas en muchos casos por las guerrillas étnicas, que llevan décadas luchando para pedir una mayor autonomía.
