Por: Edgardo Rodríguez
Politólogo y Periodista
Una característica significativa en América Latina, en las últimas décadas, ha sido el protagonismo judicial, que ha conducido a una importante “judicialización” de la política, esto significa que ciertos asuntos que tradicionalmente habían sido resueltos dentro del sistema político empiezan a ser decididos por los jueces. Dicha judicialización es un fenómeno complejo, que ha afectado de manera diversa a los distintos países, tanto en aspectos formales como de fondo. Su intensidad ha sido diversa, en algunos países, como Argentina, Colombia o Costa Rica, ha sido muy importante, mientras que en otros, como Chile, México o Ecuador, ha sido relativamente débil, o incluso inexistente. En Honduras ya se han visto casos.
Y no se trata que en temas políticos no existan asuntos legales que haya que dirimir o delimitar mediante el uso de instancias judiciales, no, el debate es que en varias ocasiones se equivoca el camino, ya que problemas que pueden ser resueltos mediante la vía política se someten al tortuoso e incierto camino judicial. Ello tiende a provocar serias distorsiones en el mundo político, que terminan afectando la gobernabilidad de los países, a veces incluso, conduciendo a crisis políticas innecesarias.
Entre algunos ejemplos recientes del abuso del recurso legal en procesos políticos, se puede citar el de varios países donde se sometió a consideración de las cortes de justicia la reelección, en lugar de recurrir a un recurso más político como es el plebiscito. En países donde existen distritos electorales uninominales, con sistemas bicamerales, también se ha recurrido a la justicia para ajustar el tamaño y la densidad de los distritos, situación que ha alterado el mapa electoral. En el caso de Honduras, la Sala de lo Constitucional dirimió el problema de los partidos políticos minoritarios, que en las elecciones de 2013 no sacaron un diputado, al intervenir ese poder del Estado, alteró sustancialmente el mapa político.
Otra de las formas de irrupción del mundo jurídico en la política es a través de aplicarle procesos judiciales a personalidades políticas, situación que provoca la destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Y no es que los políticos deban tener inmunidad, lo que sucede es que se manipulan estas acciones, aparentemente legales, con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que quede vulnerable ante acusaciones con escaso o ningún fundamento, esto con la intención de liquidarlo o golpear políticamente. Esos procesos judiciales manipulados provocan desprestigio y el consecuente pierda apoyo popular.
Ahora que en el país se ha creado el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y que están pendientes aspectos reglamentarios, debe quedar claro que esa es la máxima instancia de apelación de los procesos político-electorales, dejando únicamente las violaciones constitucionales para acudir a lo jurisdiccional, ello para evitar la tentación de la intromisión y tergiversación del sistema político.
Lamentablemente en la creación de los entes electorales se volvió a cometer otro error, me refiero a dejar a los mismos en manos de abogados. Sin demeritar su formación y su importante papel, considero que se debió integrar a profesionales de la Ciencia Política o afines, para darle un equilibrio a la visión y accionar de dichas instituciones. Parte de ese fenómeno de la judicialización de la política se debe a la extremada presencia de profesionales del derecho al frente de la institucionalidad política.
