Por: Carlos López Contreras
Ex Canciller de la República
El segundo tema que abordé en el seminario virtual, patrocinado por la Asociación de Libertad y Democracia, fue la reforma administrativa del Estado, introducida en 2013 y 2014, con la creación de la Secretaría Coordinadora General de Gobierno (SCGG) y los gabinetes sectoriales.
Este es un tema crucial para la gestión de gobierno dentro del Estado de derecho que, hasta el momento no ha merecido ninguna opinión legal fundada de parte de los dirigentes de la oposición política. En cierta ocasión le pregunté a un distinguido abogado, especialista en derecho administrativo, ¿porqué los dirigentes de la oposición no han hecho ningún planteamiento crítico, jurídico y político sobre dicha reforma? Y me respondió: “Eso le da la medida de la calidad de la oposición”.
Es lamentable que la oposición política y empresarial haya ignorado durante 7 años esa reforma y se limite a criticar las reformas legales a las “Zede”, lo cual es “fair game”, pero también debería abordar problemas fundamentales del próximo gobierno.
Es claro que cada nuevo gobernante trata de ofrecer la mejor administración pública, según su entendimiento, y es lo que, sin duda, por iniciativa propia o ajena, intentó establecer el Presidente Juan Orlando Hernández desde 2013-2014.
Las justificaciones de la reforma fueron, en síntesis, mayor eficiencia, menor burocracia y más transparencia.
El Presidente de la República ha demostrado mucha capacidad de trabajo y de energía. Pero, la Secretaría Coordinadora General de Gobierno no funcionó como se suponía que habría de hacerlo, lo cual se explica por qué Honduras tiene un régimen presidencialista y no uno parlamentario.
Por otro lado, el Gabinete de Gobierno ha parecido más un gabinete en la sombra, lo cual es comprensible, cuando se tiene un Presidente con una fuerte proyección que eclipsa a sus ministros.
En cuanto a la burocracia, en lugar de reducirse, más bien se incrementó y la confusión que introdujeron los gabinetes sectoriales, redujeron la eficiencia de la administración, con pocas excepciones.
En cuanto a transparencia, en algunos aspectos fue notable; en otros, lamentable, como en el caso de la superestructura financiera (INVEST), –cuyo nombre invita a que se le investigue– enclavada en la SGCG, cuyos ejecutivos fueron objeto de requerimiento fiscal por la supuesta comisión de delitos de abuso de autoridad y fraude, y el secretario coordinador que preside la junta directiva no se enteró de los hechos imputados por la Fiscalía a sus administradores.
Creo que no se deben usurpar las atribuciones y los presupuestos de los secretarios de Estado por entes ajenos a las responsabilidades propias de cada Secretaría, como le ha ocurrido a la Secretaría de Salud durante la pandemia.
Por otra parte, se deben destacar los progresos sustantivos en materia de seguridad, con recursos propios del Estado, y el alivio brindado a la población más desvalida mediante la aplicación de programas sociales antes, durante y después de la pandemia y de los huracanes que azotaron al país el año pasado.
En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha citado estadísticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, según las cuales Honduras en 5 años ha reducido el tránsito de drogas por su territorio, de 87% a 4%, con recursos propios. Es un resultado admirable, digno de aplauso y del mayor reconocimiento. Pero el control de la delincuencia común, de las maras y de la extorsión no ha sido tan meritorio, aunque se reconoce que la depuración de la Policía ha tenido una acción sostenida, y hoy contamos con una Policía moderna que está comenzando a proyectar su buen trabajo en las ciudades. De nuevo, con recursos propios de Honduras.
Creo que la administración pública es más eficiente y sencilla cuando el Presidente trata con cada ministro los asuntos propios de cada secretaría; y cada ministro es responsable de la ejecución de los programas y proyectos y de los fondos que administra.
Como todo país en vías de desarrollo, Honduras confronta problemas infinitos con recursos limitados. La función política del gobierno es dar prioridad a los problemas más candentes que afligen a su población.
Para mí, los problemas fundamentales del presente y próximos gobiernos serán la reconstrucción de la infraestructura dañada por los huracanes, el cambio climático, la recuperación de la economía y la vacunación masiva para que la reactivación económica sea sostenible.
Por supuesto que hay otros temas como el fracaso financiero de la ENEE, que pesa como una hipoteca capaz de hundir a la República. Tenemos 15 años de intervenciones en la ENEE, incluyendo la fugaz y personal de un expresidente de la República, pero el problema se agrava. Sobre este particular, conviene atender la recomendación del Grupo Asesor de la Reconstrucción, de aplicar la ley del sector eléctrico y diversificar el mercado a fin de ofrecer precios competitivos al consumidor.
Considero que urge establecer el Grupo Consultivo Internacional, para que el próximo gobierno, cualquiera que sea el ganador, disponga de recursos para la reconstrucción. En ese sentido, no habría que descartar que sea Washington, D.C., donde se establezca dicho Grupo Internacional porque allí radican las grandes entidades financieras internacionales.
Obviamente, hay otros problemas, como el de la actualización de nuestro sistema hospitalario para enfrentar nuevos desafíos de salud y el problema educativo, ya en crisis antes de la pandemia.
