Economistas del noroccidente se pronuncian contra las ZEDE

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27 de junio de 2021
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07:20 pm
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Economistas del noroccidente se pronuncian contra las ZEDE

El CHE capítulo noroccidental se unió al llamado de protesta y repudio de los gremios de la sociedad civil, entre otros.

El Colegio Hondureño de Economistas (CHE), capítulo noroccidental, se pronunció este domingo en contra de la Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) al considerar que “constituye una agresión a la integridad territorial, un reconocimiento del fracaso rotundo de la institucionalidad pública del país que, a cambio de una muy dudosa promesa de generar empleo masivo, entrega al país”.

Sostienen que “la ley parte del principio que el desarrollo económico es un proceso importado que vendrá por obra de una élite de inversionistas. Con ello se desconoce la importancia de un proceso que esté dirigido e impulsado por la inversión nacional y complementado por la inversión extranjera tal como lo sustenta la Constitución de la República”.

“La ley se fundamenta en la idea de cimentar condiciones sumamente ventajosas a los inversionistas radicados allí, para supuestamente atraer capital y generar empleo. Los regímenes tributarios, administrativos y judiciales especiales que contiene la Ley Orgánica de la ZEDE dibujan un escenario que contraviene los principios de un sistema económico basado en la eficiencia y justicia social”, agregó.

“En ese afán se caen en extremos que solamente despertarán el interés en capitalistas rapaces dispuestos a responder a esquemas de hacer negocios para así extraer de forma rápida y abundante ganancias del país. En el entendido que la inversión extranjera la necesitamos, no se atraerá la inversión comprometida con el respeto a las comunidades y sus patrimonios, apegada a los principios del desarrollo sostenible”, continuó.

De acuerdo con el CHE “las figuras del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, así como del secretario técnico de la ZEDE simbolizan funcionarios dotados de autoridad para crear disposiciones de cumplimiento obligatorio y administrar el territorio ajustadas a las necesidades de un grupo privilegiado de inversionistas. Estas autoridades operan al margen del principio que toda autoridad emana de la voluntad del pueblo, desconociendo así principios fundamentales de la República y la democracia”.

En el pronunciamiento advirtieron que “la autorización concedida al Estado por medio de la ZEDE a expropiar tierras que se necesiten para la expansión de la misma, abre las puertas, bajo las condiciones precarias de la institucionalidad pública vigente, para cometer agresiones a los derechos de los pobladores sobre sus tierras y bienes”.

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