Inviable “juicio político” contra 12 de los 15 magistrados del CSJ
54 diputados del Congreso Nacional votaron en contra de darle trámite a un juicio político, solicitado por diputados del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y del Partido Libertad y Refundación (Libre).
El juicio era contra 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fueron denunciados ante ese Poder del Estado, por sus actuaciones contrarias a la Constitución de la República.
La solicitud hecha por los diputados del Pinu-SD y de Libre fue sometida a votación en la sesión virtual de ayer martes, obteniendo como resultado 36 votos a favor, dos abstenciones y un total de 54 diputados que votaron en contra de enjuiciar a los magistrados de la CSJ.
Posteriormente, el secretario del CN, Tomás Zambrano, dijo que no se admitía la solicitud de juicio político, presentada contra los magistrados de la CSJ y la remitió al archivo de la Secretaría de ese poder del Estado.
Para darle trámite al juicio político se requería del apoyo de 86 de los 128 diputados que integran ese poder del Estado.
El pasado 24 de junio, los diputados Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes, Tomás Ramírez, Andrés Benedith, Kenia Montero, Modesto Herrera y el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, solicitaron al CN iniciar los trámites para seguirle Juicio Político a los magistrados, por haber acordado la creación de una jurisdicción especial para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
En el argumento de la denuncia se establece que, el 14 de junio del corriente, el Pleno de Magistrados de la CSJ en sesión, aprobó por mayoría de votos el establecimiento de la jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), violando abiertamente la Constitución y principios básicos como ser el de igualdad ante la Ley, juez natural y la prohibición de juzgados de excepción.
Los denunciantes consideran que la resolución “arbitraria e ilegal”, se realizó pese a que hay organismos de derechos humanos y sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y las Cámaras de Comercio del país que se han pronunciado en contra de la Ley ZEDE por considerarla inconstitucional.
Añaden que la reforma constitucional que crea las ZEDE violenta los artículos pétreos que están por encima de cualquier reforma constitucional.
