JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS
Hace diez (10) años, el siete (7) de julio del 2011, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, rindió su informe sobre los hechos ocurridos en junio del 2009, y le llamó, “Para que los hechos no se repitan”.
El presidente Porfirio Lobo (27 de enero del 2010 al 27 de enero del 2014), había emitido dos PCM, uno el PCM 011-2010 publicado en La Gaceta del 30 de abril del 2010. Aquí se crea la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcionar al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro. Se ordenan privilegios establecidos en los artículos 2, 3, 4, 5, 7 y 10 del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades de la Organización de Estados Americanos (OEA). Otro, el PCM 001-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 14 de mayo del 2010, donde considerando que el 30 de octubre del 2009, se había firmado el Diálogo Guaymuras Acuerdo Tegucigalpa/San José, para la Reconciliación Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia, que incluye como sexto acuerdo, la creación de la Comisión de la Verdad con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009, donde se instaló formalmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Este informe fue entregado al presidente Porfirio Lobo Sosa, el 7 de julio del 2011 (Diario LA TRIBUNA, del 8 de julio del 2011).
Los comisionados reconocieron:
1. Que la convocatoria por parte del presidente de la Republica a una consulta primero, y una encuesta después, conocida como cuarta urna, marcó el elemento definitivo e irreversible de confrontación.
2. Durante la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en enero del 2009, cuando se manifiesta el momento de mayor confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
3. El aumento sustancial del salario mínimo a los trabajadores provocó una confrontación con el sector empresarial, obteniendo apoyo el gobierno de los sindicatos.
4. La institucionalidad democrática no fue efectiva, desconociendo el presidente las recomendaciones del Comisionado de los DDHH, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
5. Los comisionados demandan que, para el fortalecimiento de la democracia, ningún ciudadano, independientemente de su investidura, esté por encima de la ley.
6. Que el Congreso Nacional no tenía facultades para destituir al presidente de la República.
7. Las FFAA acataron parcialmente la orden de la Corte Suprema de Justicia, al capturar al presidente, pero no lo ponen a la orden de autoridad competente.
8. Hubo destrucción de bienes públicos y privados, aunque hubo uso desproporcionado de fuerza por parte de los militares.
9. Hubo violaciones a la libertad de expresión al cerrarse algunos medios de comunicación.
10. Modificar las normas presupuestarias para asegurar las demoras en el presupuesto.
11. Hay que investigar las violaciones a los derechos humanos.
12. Ven como algo positivo el haberse emitido un decreto de amnistía.
13. Se propone al Poder Judicial la creación de una jurisdicción exclusiva sobre violaciones de derechos humanos.
14. Respecto a la financiación y fiscalización de gastos electorales, se debe tener mayor intervención.
15. Proponen una nueva Ley Electoral y un tribunal de justicia constitucional.
En total, fueron 84 recomendaciones. De estas recomendaciones según diario El Heraldo, del 21 de octubre del 2013, se habían cumplido 32. Se aprobó el juicio político, aunque no una ley electoral en el momento oportuno. Se derogó la Ley de Estado de Sitio y no es eso lo que pedía la Comisión de la Verdad, cayendo así en inconstitucionalidad por omisión.
Se incorporaron los mecanismos de participación ciudadana, principalmente para oír al pueblo antes de crear las ZEDE; se aprobó la Comisión de Reforma de la Policía, y para evitar la corrupción se creó la MACCIH, aunque ya se le dio volantín. También se recomendó la inscripción de nuevos partidos políticos, ocasionando esto un juego de poder por la deuda política. Finalmente, se aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que funciona a medias. Se recomendaba que la Policía Militar regresara a los cuarteles, sin embargo, esto sí me parece que ha funcionado.
Otra conclusión es que el Congreso Nacional debe adecuar la Constitución actual, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la atribución del Congreso Nacional de interpretar la Constitución y debe mandar a publicar esta sentencia.
Al final, la conclusión lapidaria: Todos violaron la ley.
Los hechos se repiten.
