A propósito de los que sueñan con constituyentes y “refundaciones”. La Constitución de Haití, de 1987, basada en las constituciones de Estados Unidos y Francia, en papel es casi el marco teórico más adelantado para una democracia moderna. Sin embargo, en la práctica, Haití es el ejemplo más cercano de un Estado fallido. La Constitución vigente fue suspendida por algunos años, tras dos golpes de Estado, y reinstaurada en su totalidad en 1994. Proclama ser una República con una forma de gobierno semipresidencialista. El mandatario, elegido por sufragio universal, nombra a su primer ministro y su gobierno responde ante la Asamblea Nacional, integrada por diputados de elección popular. El Legislativo es bicameral, un Congreso y un Senado y el poder jurisdiccional administrado por una Corte Suprema y los tribunales de justicia. En el año 1804, fue uno de los primeros países caribeños y el segundo del continente americano en independizarse. O sea, ya lleva ratos siendo un pueblo autónomo, libre y soberano.
Con prelación para aventajarse a todos los demás. Al año siguiente tuvo su primera Constitución. (Por lo general, las constituciones son documentos fundacionales, no como en el presente caso chileno, la inspiración de una olla de grillos que, para salir de aprietos coyunturales, el gobierno encomienda la elaboración de un poema. Y, de paso, monta un gobierno paralelo dentro de un Estado de Derecho que no se ha roto.) La de 1964 –en la era de Duvalier– fue una reforma a la de 1957, caracterizada por su gran contenido social. La vigente cuenta con los pesos y contrapesos bien equilibrados a manera de garantizar coto a los excesos del poder. Sin embargo –a propósito de la nueva Constitución que redactan en Chile dizque para dar al país la equidad económica, la justicia social y erradicar el desequilibrio del actual sistema indeseable que los llevó a los umbrales del primer mundo– sentimos mucho desengañarlos. Cuando espabilen de su espejismo quizás vean claro que no es la letra escrita de una ley lo que determina el progreso de las naciones, el bienestar de los pueblos, el respeto a los derechos, ni la plena satisfacción de los anhelos de sus habitantes. Para que no sufran un desencanto mayor, debiesen poner atención a las noticias procedentes de Haití. No solo es que el país esté arruinado, sino que acaban de presenciar un magnicidio –deplorable, condenable– en parte secuela de la convulsión política que han vivido. Otra muestra que una cosa es lo consignado en los textos constitucionales y otra muy distinta lo que disponen los gobiernos y el comportamiento de la gente.
El texto de la Constitución de Haití –excusen la repetición– nada tiene que envidiar a otras constituciones de países desarrollados. Si se inspiraron en la francesa y la norteamericana. Solo que ya en el día a día, la gente es como cosa aparte de todas esas ilusiones escritas. Son como unos 11 millones de haitianos los que viven en un territorio densamente poblado. Pero apenas unas 600 mil personas fueron los electores. Y con un porcentaje de eso fue que se eligió el finado presidente. Ya arriba, disolvió la Asamblea. Y parte sin novedad. El gobierno continuó votando en la OEA y en todos lados alineado con Washington. En represalia la autocracia venezolana le sacó en cara unos escandalosos pagos de Petrocaribe. Lo más reciente, retratado en las portadas de los diarios –la foto del presidente en vida, masacrado por una ráfaga de 12 balas, su esposa alcanzada por un proyectil intentando asistirlo– revive la dolorosa situación del país más pobre del continente. La convulsa situación política y la situación de inseguridad extrema explicable en un país –con una Constitución bonita–pero donde la riqueza está concentrada en una minoría acaudalada mientras las grandes mayorías se debaten en condiciones paupérrimas de sobrevivencia. Bandas armadas hasta los dientes –donde no hay ingresos ni para comprar zapatos– infunden el terror. Desangrándose, además, por la hemorragia de migrantes haitianos que huyen desesperados de sus hogares. Lo demás no hay necesidad de contarlo. Noticias internacionales informan que “el magnicidio desestabiliza un frágil país y crea un vacío de poder”. La ironía que no fue ese hecho reprensible lo que mece un país que ya estaba desestabilizado. Con una Constitución bien hecha que nada dice ni de su gobierno, de su gente, de sus instituciones, ni de la bancarrota económica, política y social.
